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viernes, 29 de enero de 2010

Mozambique: Otra vez el monocultivo y sus estragos


En varias provincias del norte de Mozambique, empresas plantadoras de pino y eucalipto avanzan sobre tierras que pertenecen a comunidades de familias campesinas. Se trata de un proceso relativamente reciente, incentivado por el gobierno mozambiqueño que ve en las plantaciones de monocultivos de árboles un instrumento para fomentar el desarrollo y el progreso, principalmente en las regiones más distantes como la provincia de Niassa.

En esta provincia se concentran los principales incentivos al monocultivo de árboles. Es la provincia más distante de la capital, Maputo, la de mayor superficie entre las diez provincias del país y, al mismo tiempo, la de menor población. Esto es muy importante para las empresas: la provincia dispone de muchas tierras llanas y fértiles.

Allí las empresas cuentan con una concesión otorgada por el gobierno central del país que permite la plantación de aproximadamente 250 mil hectáreas durante un período de 50 años. Actualmente son cinco las empresas que actúan en la región, con un total de 11 mil hectáreas plantadas pero con la proyección de expandirse a aproximadamente 100 mil hectáreas en los próximos años. La financiación proviene del gobierno sueco, así como de un Fondo llamado Global Solidarity Forest Fund, que fue creado por varias iglesias de Suecia y Finlandia. Este Fondo afirma que ofrece empleo a las comunidades y que está plantando árboles en tierras degradadas, abandonadas por la comunidad.

Pero, en realidad, se constataron diversos impactos negativos de la expansión de los monocultivos de árboles en la provincia de Niassa. A través de visitas realizadas a unas 10 comunidades en varios distritos, quedó claro que el principal impacto de la expansión de las plantaciones está relacionado con el acceso a las tierras (o más bien el no acceso) por parte de las comunidades. En primer lugar, las empresas están ocupando las tierras cercanas a las comunidades ya que éstas se localizan en las proximidades de las carreteras y las empresas pretenden beneficiarse justamente de dichas carreteras para facilitar el transporte de la producción. Varias comunidades tuvieron que aceptar la presencia de las empresas, que ya habían logrado la concesión del gobierno central, y en algunos casos hubo como máximo una negociación al respecto de dónde la empresa en cuestión podía ocupar tierras.

En segundo lugar, las comunidades no están de acuerdo con la afirmación de que las empresas ocupan tierras degradadas. Lo que ocurre es que las comunidades suelen dejar descansar la tierra cultivada durante unos años después de un ciclo de plantación. No significa que la comunidad haya abandonado esa tierra.
La ocupación de esas tierras con eucaliptos y pinos reduce la futura disponibilidad de tierras para la comunidad. Cabe recordar que el 80% de la población de la provincia vive en las áreas rurales.

Otro de los impactos está relacionado con el empleo.
Es un argumento que las empresas usan para que la comunidad acepte las plantaciones, pero existen quejas porque el empleo es temporal, el salario es muy bajo y no siempre se ofrece transporte.

La Unión Nacional de Campesinos (UNAC) de Mozambique (miembro de la Vía Campesina) y la Unión de Campesinos y Asociaciones de Lichinga (UCA), en el distrito de Lichinga y distritos vecinos, están advirtiendo a las comunidades rurales y a la sociedad sobre dichos impactos negativos.
Como alternativa proponen un mayor apoyo e incentivo a la producción de alimentos por parte de las comunidades. A fin de cuentas, como varios líderes afirman, “porque nadie come eucalipto”. Además, defienden que la Ley de Tierras de 1997 tiene que respetarse e implementarse para las familias campesinas antes que las empresas comiencen a ocupar tierras, ya que dicha ley garantiza a las comunidades campesinas el acceso a las tierras y su posesión.

Una "Luna Nueva" asoma en Paraguay


Todos en el barrio lo comentaban, pero nadie estaba seguro. Un día, como una lluvia blanca, comenzaron a caer papelitos de la planta alta de lo que presumían era un prostíbulo, en la ciudad de Ñemby, distante a unos 10 kilómetros de Asunción, la capital. No se trataba de basura, porque en ellos se leían desesperados pedidos de auxilio de menores que eran explotadas sexualmente en el lugar. Era víspera de la Navidad de 2009 y esos papelitos trajeron el "regalo" de la libertad a cinco niñas, rescatadas luego de que los vecinos dieran aviso a la Policía Nacional.

En un operativo sorpresivo, los agentes irrumpieron en el prostíbulo, salvaron a las niñas, arrestaron a Omar Platini (dueño del establecimiento) y rescataron a otras mujeres mayores de edad, obligadas a prostituirse. Una de ellas era extorsionada por Platini, quien mantenía en cautiverio a su pequeña hija con amenaza de asesinarla si no cumplía con sus exigencias.

Este es uno de los tantos casos de los que se hace eco la prensa paraguaya de vez en cuando. Pero, ¿qué pasa luego de los aparatosos operativos?, ¿alguien da refugio o asistencia sicológica a estas víctimas?. Según explica Norma Duarte, directora de Protección Integral y Promoción de Derechos de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, son escasos los centros de asistencia a menores víctimas de prostitución y trata interna y externa.


Entre esos centros se encuentra el
Grupo Luna Nueva, una organización no gubernamental que trabaja desde 1995 con un programa diseñado para el acompañamiento a este tipo de víctimas. "Luna Nueva tiene un enfoque de género bien claro, trabaja muy bien esa mirada, especialmente teniendo en cuenta los derechos humanos", agregó Duarte.

Generalmente, las menores víctimas de prostitución provienen de las zonas del interior del país y viajan a la capital muchas veces engañadas con la promesa de tener la oportunidad de estudiar o vivir como criadas en casas de familia, cosa que en la realidad no ocurre.

"Una vez se fue una señora a mi casa y le dijo a mi mamá que me iba a llevar para trabajar en una casa y todo eso. Pero no le dijo a mi mamá que yo iba a trabajar en un prostíbulo, ni a mí, no me dijo. Me dio nada más 100.000 guaraníes (unos 21 dólares estadounidenses) por adelantado, de mi sueldo supuestamente, llegué a su casa y me puso a trabajar en un prostíbulo", dice una niña que fue víctima de trata interna en Asunción. Su testimonio fue recogido en un informe elaborado por Luna Nueva en 2005, denominado "La trata de personas en Paraguay".

Luna Nueva, según se explica en su página web
http://www.grupolunanueva.com.py, cuenta con un programa de atención integral y "apunta a proponer alternativas de vida a niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual que deciden tocar la puerta del Centro de Atención Integral (CAI). Se les propone un proceso, como si fuera un viaje, con etapas y objetivos por etapas".

Raquel Fernández, coordinadora de Luna Nueva, manifiesta que la propuesta del CAI es educativo-terapéutica. Un
"viaje hacia la vida, conceptualización teórico práctica del proceso terapéutico de las niñas adolescentes y el equipo educativo de Luna Nueva. Viajamos en esa lucha por seguir siendo personas, por participar de este tránsito hacia la apertura de nuevas posibilidades y significados para la vida. A viajar se aprende viajando", dice.

Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, Fernández reconoce que
"la trata y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes tiene poca visibilidad y los datos cuantitativos en relación con casos identificados es aún restringido. Esta situación adquiere otros matices si el abordaje propuesto es la trata interna con fines de explotación sexual".

En cuanto al albergue en sí, del cual no dan dirección ni se toman fotografías para proteger a las víctimas, Fernández habla en los siguientes términos:
"nosotras no hablamos de niñas albergadas, hablamos de niñas y adolescentes con sus hijos e hijas realizando el Viaje, o su viaje". "Tanto el CAI como La Casa (el albergue) se conciben como espacios físicos y, también, como espacios de vida y aprendizaje que se van construyendo y van sufriendo cambios en la medida real de los días y los momentos. Actualmente tenemos 23 niñas, de las cuales 13 están realizando su viaje y 10 son de la población transitoria".

Fernández también analiza el fenómeno de la trata interna:
"Si bien el fenómeno de la explotación sexual no es exclusivo de una edad ni de una clase social, desde Luna Nueva hablamos en general de niñas adolescentes de sectores empobrecidos y marginados", explica. "Estamos hablando de mujeres, adolescentes, niñas, muchas de ellas madres, pobres, en su mayoría emigrantes provenientes del campo, que han tenido acceso a muy pocas posibilidades de desarrollo personal y laboral", comenta Fernández.

Algunas han llegado a la ciudad en busca de nuevas oportunidades de vida ante situaciones de pobreza extrema, escapando muchas veces de la violencia intrafamiliar. Otras ya han nacido en la ciudad, en barrios marginales, son relativamente jóvenes, fruto de la migración del campo a la ciudad.
"La búsqueda de alternativas de vida y dinero es uno de los motivos por los que se ven envueltas en situaciones de explotación sexual. Otras, al decir de ellas, ’se pierden’ después de huir del seno familiar del que esperaban protección, o del lugar de trabajo, donde fueron nuevamente violentadas y maltratadas", reflexiona Fernández.

Finalmente, la Coordinadora de Luna Nueva se remonta al informe elaborado por la organización para la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay en 2009, al decir: "
La trata de personas es un crimen transnacional de estructura compleja, tanto como el tráfico de drogas o armas (peor que estos por tratarse de humanos y no de objetos). Sin embargo, la estructura organizativa del estado paraguayo es insuficiente en recursos humanos, técnicos e incluso legales para investigar y sancionar a los perpetradores, así como para proteger a las víctimas".

Mientras tanto, las menores juegan ahora con papeles, en los cuales ya no lanzan gritos desesperados de auxilio, sino que dibujan sus sueños, esperanzas o expían los malos recuerdos de una época que, al menos para ellas, ha quedado atrás.

jueves, 28 de enero de 2010

Las "Comerciales": Trata de personas en Bolivia


Cada día crece en El Alto, ciudad boliviana, el número de agencias de empleo ilegales. Escondidas bajo el nombre de "comerciales", las falsas agencias atraen a muchas personas con la promesa de empleo y buena remuneración, teniendo así mayor facilidad de incidir en el delito de tráfico para fines sexuales o de trabajo forzado.

En Bolivia, sólo el Gobierno, como entidad oficial, puede ser intermediario entre los trabajadores y el mercado. El único reclutamiento legal es realizado por la Unidad Promotora de Empleos (UPE). De acuerdo con el artículo 31 de la Ley General de Trabajo "el contrato de reclutamiento es el que tiene por objeto la contratación de trabajadores, por persona diferente del patrón, para trabajos que generalmente deben cumplirse lejos de su residencia habitual. Sólo el Estado podrá, de ahora en adelante, actuar como intermediario entre patrones y trabajadores, organizando servicios gratuitos de reclutamiento. El traslado de los trabajadores se hará según lo determinado por el Art. 9 de esta ley".

Incluso con la legislación laboral en vigencia, la existencia de algunas brechas, como la ausencia de sanciones para los que abren agencias de empleo, permite que este tipo de negocio crezca y se multiplique cada día. Para combatir esta situación, el director de Empleo del Ministerio de Trabajo, César Siles, presentó al Ministerio de la Presidencia un proyecto de decreto supremo. La intención es crear un marco legal, más fuerte y específico, para proceder a la reclusión de las "comerciales", que también son agencias de empleo privadas e ilegales. El decreto también pretende ceder más recursos a los servicios públicos de reclutamiento y empleo y transferir a las prefecturas y gobiernos municipales la responsabilidad de fiscalización.

Una investigación realizada por la Dirección de Empleo de Bolivia constató que gran parte de las "comerciales" son legales, están registradas en las unidades de Promoción Económica de las prefecturas y tienen Número de Identificación Tributaria (NIT). Sin embargo, lo que las torna ilegales es el hecho de ser intermediarias en la oferta de empleos, ya que su función es sólo la de comprar y vender bienes inmuebles.

Para atraer a cientos de interesados en un trabajo digno y buena remuneración, las agencias ponen carteles en sus puertas con ofertas de empleo, aunque no es posible saber quién está reclutando. Así, los interesados son llevados a entrar en la agencia, donde son obligados a pagar a los intermediarios entre tres y cinco bolivianos por la dirección o el teléfono del contratante.

Los carteles ofrecen oportunidades de empleo a muchachas con o sin experiencia, para diversos trabajos. Hay también oferta de buena remuneración para los jóvenes interesados en trabajar en el interior. El intento de seducción por medio de la oferta de excelentes ganancias es un fuerte indicio de que muchas de estas agencias reclutan niños y jóvenes que, posteriormente, podrán transformarse en víctimas de tráfico para fines de explotación sexual y/o trabajos forzados.

Guatemala: Cada vez más mujeres indígenas son defendidas por sus derechos!!!


En los últimos dos años, la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) reporta un incremento de la atención a las demandas planteadas por la población femenina indígena de Guatemala, entre las que destaca la resolución de casos de discriminación por etnia y género.

De acuerdo con el Segundo Informe del Presidente Álvaro Colom, el Programa de Atención Integral de la DEMI atendió del 2008 al 2010, a 2.440 mujeres, principalmente del área rural, quienes reportaron abusos y violaciones a sus garantías individuales.

La citada entidad brindó asesoría legal a 1.728 mujeres que sufrieron violencia intrafamiliar o de género, tanto en el ámbito público como privado, iniciativas enmarcadas en la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023. La publicación destaca que fueron seleccionadas 60 mujeres indígenas con perfil de liderazgo para participar en el Diplomado en Derechos Humanos, que impartió la DEMI en coordinación con el Instituto de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Iumusac).

Durante el citado periodo fueron beneficiadas 2.514 ciudadanas indígenas en los talleres sobre la importancia de la documentación como herramienta para el ejercicio ciudadano y político, así como para la vigencia de los derechos humanos.

La Defensoría de la Mujer Indígena y el Ministerio de Educación, implementaron 68 talleres en escuelas públicas de ocho distintos departamentos, para sensibilizar a la juventud sobre el respeto a los derechos de las mujeres y la participación equitativa, concluye el informe.

Colony Park: La nueva manera de colonizar...

Delta del Paraná

En el Delta del Río Paraná, un grupo de isleños perdió sus viviendas y plantaciones cuando en el año 2008 un emprendimiento de barrios cerrados de grandes proporciones avanzó sobre sus tierras. Los pobladores de los arroyos Anguilas y La Paloma denuncian que el emprendimiento "Colony Park, Isla Privada", destruyó parte del ecosistema de las islas, hizo desaparecer el primero de los arroyos y quiere tapar el segundo.

"Somos gente que vivimos de la isla; con mi marido pescábamos, hacíamos abono para tierra, juncos, subsistíamos mejor que ahora: yo cirujeo acá en el pueblo, junto cartón y todas esas cosas, porque otra cosa no me queda", relató María Ledesma, una de las pobladoras desalojadas.

Colony Park se presenta como "el primer desarrollo de vivienda permanente en una verdadera isla del Delta Argentino". Detrás de este concepto inmobiliario ofrecen "desurbanizar" la vida en tan sólo 5 minutos y aseguran mejorar la calidad de vida "disponiendo de un ambiente natural mejorado".

En 2009, tras haber reconstruido sus hogares, los isleños sufrieron otro embate que acabó nuevamente con todas sus pertenencias, inclusive las canoas que utilizaban para transportarse. "Viene un vecino y me avisa 'doña María, te entró una empresa y te está sacando', (...) no pensé que podían ser tan malditos de ir a destruir las casas, de robar los animales", señaló Ledesma.

Ledesma pasó 40 de sus 64 años en las islas del Delta: "Yo tengo fotos de mis hijos, de mi casa, de mis hijos cuando eran chiquititos ahí, pero el poder es el poder", aseguró. "Hace más de un año los isleños siguen siendo afectados en forma continua, sistemática y generalizada por las agresiones a nuestra honra, bienes, medios de vida, cultura y costumbres isleñas", sostiene la Asamblea Río de la Plata Cuenca Internacional, compuesta por los isleños autoconvocados.

De las posesiones que tenían las 12 familias más afectadas ya poco queda. "Han hecho un daño que nos está matando (...), te juro, me levanto y le pregunto a Dios: ¿por qué ese daño?, ¿por qué nos han hecho a nosotros ese daño?", agregó Ledesma.

A no olvidarse de Honduras: Siguen las injusticias

Manuel Zelaya

El pasado miércoles, y como tantas otras veces desde que un golpe de Estado le quitó la democracia al país el pasado 28 de junio, el pueblo hondureño salió a las calles de Tegucigalpa. Pero esta vez lo hizo para despedir al presidente derrocado Manuel Zelaya, que abandonó el país rumbo a República Dominicana.

El dirigente campesino Rafael Alegría anunció la movilización popular y dijo que si bien la resistencia no había logrado restituir al mandatario en su cargo, los hondureños seguirían manifestándose con el objetivo de refundar el Estado.

Luego de ser derrocado, Zelaya había logrado reingresar clandestinamente a Honduras el pasado setiembre, y se había refugiado desde entonces en la embajada brasileña. Por ello Porfirio Lobo, quien ese mismo miércoles asumió la presidencia (a la que accedió en elecciones ilegítimas según la resistencia hondureña y la mayoría de la comunidad internacional) dijo que acudiría a esa sede diplomática para “acompañar al presidente Zelaya para que se traslade al aeropuerto internacional, para que haga su salida".

En la delegación que acompañó a Zelaya fuera de Honduras también participaron, según dijo Lobo en conferencia de prensa, los presidentes de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Guatemala, Alvaro Colom. En la misma conferencia de prensa, Lobo habló sobre las gestiones que está realizando para que se reconozca a su gobierno en el plano internacional.

Para la resistencia hondureña, el que Lobo esté en la jefatura de Estado no es otra cosa que el continuismo del quiebre democrático que encabezó Roberto Micheletti. Así lo indicó la militante Lorena Zelaya, desde el Foro Social Mundial que está teniendo lugar en la ciudad brasileña de Porto Alegre. En una entrevista concedida al medio Púlsar, la activista agregó que Lobo "no va a poder gobernar, sino que va administrar el desorden que hay en el país".

Cortito: Por ahora punto para el gobierno Uruguayo


A solicitud de un fiscal, la Justicia uruguaya congeló un proyecto de cultivo de soja y maíz transgénicos en plena capital, Montevideo, en zonas linderas a pequeños productores familiares, muchos de ellos orgánicos. Ante la inacción de las autoridades como la Dirección de Medio Ambiente, la Intendencia (Alcaldía) y el propio Ministerio de Agricultura, los vecinos se organizaron y presentaron una querella judicial. La primera consecuencia fue una resolución de amparo que en principio no permitirá el cultivo hasta que no se dilucide el juicio. Los vecinos de Montevideo tienen pensado tomar otras medidas en el futuro, para defender la agricultura orgánica.

¿Éste es el país más "demócrata" del mundo?


La mayoría conservadora de la máxima instancia judicial de Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia, dictaminó que ya no serán vigentes las restricciones que impedían que las grandes empresas y los grupos de interés invirtieran cantidades ilimitadas de dinero para apoyar a los candidatos que mejor representan sus intereses. Por cinco votos contra cuatro, la Corte dictaminó que a las grandes empresas les corresponden los derechos que otorga la Primera Enmienda, y que por tanto no corresponde que se limite su discurso político.

El fallo despertó grandes críticas entre los progresistas estadounidenses, que lo catalogaron como un gran error que debería anularse de inmediato. Desde la Casa Blanca, el presidente Barack Obama dijo que el dictamen era una “importante victoria para los grandes intereses petroleros, los bancos de Wall Street, empresas de seguros médicos y otros poderosos intereses que ejercen su poder todos los días en Washington para ahogar las voces de los estadounidenses comunes y corrientes”. Así lo informó el medio estadounidense Democracy now!, que también reprodujo parte de la audición radial semanal de Obama, que tuvo lugar el pasado sábado. En su audición, el presidente de Estados Unidos se dedicó a atacar la decisión del máximo tribunal del país.

"Este fallo abre las compuertas para que una cantidad ilimitada de dinero con interés especial inunde nuestra democracia”, dijo Obama, y agregó: “Concede a los lobbistas con intereses especiales una nueva posibilidad de ejercer influencia para gastar millones en publicidad destinada a persuadir a funcionarios electos de que voten lo que ellos quieren, o a castigar a quienes no lo hacen. Esto significa que cualquier funcionario público que tenga el coraje de hacer frente a los intereses especiales y defender al pueblo estadounidense puede verse atacado o atacada al llegar el momento de las elecciones. Incluso grandes empresas extranjeras pueden influir en las elecciones. No se me ocurre nada más devastador para el interés público. Lo último que necesitamos es entregar más influencia a los lobbistas en Washington, o más poder a los intereses especiales para inclinar los resultados de las elecciones".

Muy diferente fue la reacción desde el Partido Republicano, histórico contendiente del Demócrata, al que pertenece el mandatario. Desde sus círculos más altos, se elogió la decisión de la Corte, a la que se calificó como un avance en la defensa de la libertad de expresión de las corporaciones. Sin embargo, Obama dijo que su gobierno está planificando una respuesta al fallo, en la que están trabajando tanto legisladores oficialistas como de la oposición.

Foro Social Mundial


Con la asistencia de unos 30 mil delegados comenzó el pasado 25 de Enero en Porto Alegre, capital del estado brasileño de Río Grande do Sul, el encuentro del Foro Social Mundial (FSM), que celebra su décimo aniversario y que cuenta con encuentros paralelos en otras partes del mundo en un año definido como de acumulación y balance.

La misma ciudad brasileña que acogió la primera edición y otras tres más a lo largo de esta década, se encuentra lista para el encuentro que se desarrollará hasta el viernes 29 del mismo mes, bajo el lema de “10 años después: desafíos y propuesta para otro mundo posible”.

En la última edición (2009), efectuada en Belem, capital del estado brasileño de Pará, concurrieron 130 mil delegados y los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Venezuela, Hugo Chávez; de Bolivia, Evo Morales; de Paraguay, Fernando Lugo y de Ecuador, Rafael Correa.

Los participantes en el encuentro de Porto Alegre, además de las discusiones sobre los rumbos de la economía y la política mundiales, tendrán entre los temas centrales el medio ambiente y asistirán a talleres, exposiciones, espectáculos y una feria de economía solidaria. Asimismo, la Prefectura de Porto Alegre pretende organizar una recaudación solidaria para las víctimas del terremoto en Haití.

Aunque la cita resulta emblemática por haber sido esta ciudad brasileña la primera sede de este encuentro, a los 10 años de su proceso, el Foro Social Mundial no tendrá un evento mundial único y centralizado. En 2010, el FSM se llevará a cabo de forma continua durante todo el año a través de eventos y actividades en diversas partes del mundo, dicen sus organizadores. El actual es un año en el que la atención del proceso del FSM se centrará especialmente en el tema de la crisis mundial, comprendida en sus múltiples dimensiones: económica, ambiental, política, social, alimentaria, cultural, de civilización.

El objetivo del Foro Social Mundial en 2010 es recoger evaluaciones, propuestas y experiencias de los movimientos y organizaciones sociales para hacer frente a las diversas crisis. El espacio de convergencia de esta acumulación de propuestas será el Foro Social Mundial Dacar 2011, este sí el próximo evento centralizado del proceso.

miércoles, 13 de enero de 2010

Más allá de la de la destrucción ambiental está la simbólica: etnocidio en Ecuador!!!


Petroleras en el Amazonas Ecuatoriana
Introducción
La explotación de hidrocarburos es el pilar fundamental de la economía de Ecuador, en 2008 este rubro representó el 22,2% del PIB, el 63,1% de las exportaciones y el 46,6% del Presupuesto General del Estado. Desde hace más de cuatro décadas el crudo amazónico aporta a las arcas del Estado, la profunda huella ambiental en esa región da fe de ello. Una fugaz recorrida por el cantón Francisco de Orellana, en la provincia del mismo nombre, permite ver las necesidades y anhelos de su gente. Allí la teoría del derrame no funciona, las cifras macroeconómicas no significan su bienestar; los únicos derrames allí conocidos son los de crudo y aguas de formación, que contaminan suelos, arroyos, ríos, vidas.
Colonización

En en Orellana (1967) comenzó la actividad de la petrolera
Texaco en la Amazonía ecuatoriana, que se prolongó por cuatro décadas. Wilson Suárez vive en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, ubicada al norte de Orellana; hace ocho años se incorporó a la ONG Acción Ecológica, donde suma esfuerzos para responder a los problemas ambientales.
"Conozco la realidad de acá porque vivo en la Amazonía", dice. "Hay una historia que contar, que muchas veces no se la hace conocer, como que queda un poco…". Tal vez le faltó decir "oculta" o "silenciada". "Hay que entender que ancestralmente la provincia de Sucumbíos era territorio cofán, como también la provincia de Orellana era territorio huaorani", destaca. "En un momento las empresas entran y comienzan a buscar mecanismos para incidir en la población indígena (y neutralizar su beligerancia). En el caso de Texaco hubo una misión que se llamó Instituto Lingüístico de Verano, que empieza una acción de evangelización e incide en los cofán. Hasta el día de hoy hay un integrante de ese Instituto que vive con los cofanes; se casó con una cofán y los evangelizó", relata. En la conquista de nuevas fronteras también intervino el ejército, que llegó para brindarle ‘seguridad’ a las empresas, una tarea que realiza aún hoy.
"En 1980 el gobierno de Ecuador declara a la Amazonía como una zona donde podía venir la gente a colonizar. Esa declaración provoca que sectores sociales muy pobres de otras provincias vengan a vivir, especialmente los campesinos que no tenían tierras. Así se coloniza. Conforme a la apertura de vías a los pozos petroleros, la población iba llegando y cogiendo sus fincas", continúa Suárez. Las empresas abrían los caminos en la selva, hacían las exploraciones sísmicas, perforaban y antes que tendieran los oleoductos para conectar los nuevos pozos con las baterías, los colonos habían levantado sus viviendas. A lo largo del camino florecen sencillas casas de madera rodeadas de tuberías y vegetación. Pero no sólo los colonos llegaron detrás de las empresas, también lo hicieron los traficantes de madera.
"El mestizo comienza una confrontación con la comunidad indígena, a tal punto que la nacionalidad indígena cofán, como la huaorani, deja de ser dueña de su territorio y vive en territorios ya focalizados", explica. Ante ese avance de la frontera extractiva-colonizadora los clanes tagaeri y taromenane de la nacionalidad huaorani optaron por el aislamiento voluntario y aún hoy viven en el interior más profundo de la selva. Pero el avance de las petroleras sobre la Amazonía no se detiene.

Manuela Omari Imaomene, presidenta de la Asociación de Mujeres Huaorani de la Amazonía Ecuatoriana, dice:
"No queremos que las petroleras lo tengan (al territorio) como dueños, eso no lo vamos a permitir. Nosotros queremos vivir libremente pero las petroleras vinieron a nuestras casas, nosotros no vamos a ensuciar la casa de ellos, nosotros queremos vivir como era antes".
En Santa Rosa, sólo 10 personas trabajan para las petroleras, son empleos temporales y van rotando entre los diferentes hombres de la comuna; otros pocos "hacen finca" y el desempleo es ley. Antes producían café, cacao y maíz, pero aseguran que los cultivos ya no se dan, que la tierra no es apta. También dicen que el agua de los esteros está contaminada por sucesivos derrames de hidrocarburos, pero no tienen otra fuente de la que abastecerse, y tanto el Estado como las operadoras deslindan responsabilidades.
Un maestro de la escuela a la que concurren 130 niños, comenta que entre los chicos son muy comunes los problemas respiratorios y de piel. Él no ve muchas expectativas de mejoras en la comunidad y está convencido que sería excelente que sus alumnos consigan trabajo en las petroleras. Muy cerca están las bases de Elf-Vintage y Petro Oriental del bloque 14.
Aislamiento voluntario

Formalmente, Ecuador reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, pero no siempre estos derechos son respetados. El Plan de Medidas Cautelares para la protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento, dependiente del Ministerio del Ambiente, es uno de los organismos encargados de velar porque esto suceda.
"Nosotros trabajamos con comunidades Huaorani para proteger a los aislados", explica una técnica del Plan. "Como se sabe a los aislados no puedes verlos, no puedes tocarlos… están aislados. ¿Cómo los puedes proteger? Tratando de evitar las presiones que los pueden afectar. ¿Cuáles son las presiones que ellos tienen? Las extracciones hidrocarburíferas, extracción de madera, los turistas, los científicos, los investigadores", continúa.
"Trabajar en el Plan de Medidas Cautelares es un poco complicado, porque hay una línea extractivista todavía dentro del gobierno. Mientras hay un ministerio que está apelando a la conservación y a la protección de pueblos aislados, hay otro ministerio cuyo propósito es extraer petróleo. Tenemos dos intereses que se contraponen y, obviamente, el más fuerte no es el de la conservación y el de la protección sino el de extracción petrolera", enfatiza.
"El problema es que algunas compañías tienen potestad absoluta sobre el suelo concesionado. Ellos se toman la atribución de la concesión como propiedad privada, a tal punto que impiden la entrada de cualquier visitante a comunidades (indígenas)", sostiene. "Impiden a funcionarios Ministerio del Ambiente ingresar a la zona, lo hacen para evitar ser inspeccionados y que reportemos las actividades que están realizando y cómo pueden afectar a los pueblos aislados y a las mismas comunidades", detalla.

"Tienen una relación con las comunidades que es realmente violenta"
, afirma la técnica. "No violencia física, es una violencia simbólica. Han destruido gran parte de la cultura de los huaorani, han roto la dignidad de las comunidades colonas. Hay un modus operandi que se puede ver desde los años ’60, y esa misma lógica ha ido suplantándose en las diferentes petroleras que vinieron". Hace una pausa y toma la palabra otra vez: "La empresa se evita más dando directamente cierta cantidad de dinero a la comunidad que creando un proyecto que la beneficie. Se ganan a los líderes de la comunidad. ¿Y cómo se los ganan? A través de la compra del líder. Es lastimoso".

El diagnóstico parece preciso. El gobierno de Rafael Correa, al asumir, se puso al frente de procesos transformadores como la reforma constitucional, que reconoce a Ecuador como Estado plurinacional, e incorporó el principio del buen vivir, el sumak kawsay de los pueblos andinos, como alternativa a la propuesta neoliberal. Ahora la tensión se dirime al interior de su gobierno.
"Para revertir este proceso se necesita de un control más fuerte, más riguroso, que el Estado tenga el poder de su territorio, que sea soberano. Mientras tengamos esta posición de dos instancias del Estado es complicado tener las cosas claras y ejercer bien las responsabilidades", concluye.

El 10 de agosto de 2009 Sandra Zabala y sus hijos Tatiana (11) y Byron Duche (16) aparecieron muertos, heridos por 17 lanzas. El hecho ocurrió en cercanías de la comuna Los Reyes, la investigación señala como autores a los taromenane.
"Esta matanza puede suponer varias cosas", apunta la funcionaria del Plan. "En este sector donde fue la matanza muchos pensábamos que era ilógico que se diera, pero esto nos da cuenta o de que sabemos muy poco de los aislados, o de que realmente estuvieron tan presionados que llegaron al extremo de romper sus propias lógicas y patrones culturales".
De la Biprovincial a la represión en Dayuma

Si bien los colonos con su avance ejercen presión sobre los pueblos indígenas, su situación tampoco es la mejor. Llegan a Sucumbíos y Orellana, de donde salen millones de dólares en barriles, sin embargo en esas provincias hay severos problemas estructurales y la pobreza campea.
"Aquí tenemos una educación mediocre, estamos terminando la escuela y tal vez aprendamos a leer", asevera dice Rosa Alvarado, representante legal del Comité de Derechos Humanos de Orellana. "Eso es porque las políticas de los gobiernos no han permitido que estas provincias desarrollen una educación, una salud, la vialidad misma. Todo esto nos está dejando en la pobreza, en vez de seguir progresando, seguir adelante", agrega. Ella también integra la Asociación Ángel Shingre, que trabaja en torno a problemáticas ambientales. La organización lleva el nombre de un dirigente campesino que tuvo gran protagonismo en la lucha por la remediación de la huella ambiental dejada por Texaco. Ángel Shingre fue secuestrado y asesinado en noviembre de 2003 en cercanías de Coca.
"Durante todas estas décadas de explotación petrolera no ha habido una solución a los problemas de la población. Eso comienza a generar un nivel de organización de la población para dar solución a la problemática social y ambiental, porque el problema ambiental es bien complejo para nosotros acá", subraya Suárez. "Ya en el año 2000 se realiza la primera movilización en la Amazonía por reivindicaciones sociales. De ahí comienza a generarse este movimiento que logra consolidar la unidad de ambas provincias en la Biprovincial", agrega.

"También salió del sector campesino y planteó la necesidad de un apoyo del Estado. En el caso de Sucumbíos los campesinos, indígenas y mestizos, tuvieron problemas tanto por la contaminación petrolera como por las fumigaciones del Plan Colombia que arrasaron con los cultivos", señala Suárez. "
Las petroleras han creado un problema complejo al país, las zonas agrícolas las están dejando botadas y la población está haciendo colas para entrar a las empresas petroleras." Pero estas empresas no absorben toda esa mano de obra desocupada. "Una parte ha migrado a otros países, como España, otra está en los centros urbanos -como comerciantes ambulantes-, y otra está ahí, desempleada, especialmente la juventud, no tiene una alternativa de subsistencia", completa.
"Para nosotros es como algo normal vivir entre la contaminación, entre la humillación, entre la no comprensión de nuestro gobiernos de turno", enfatiza Ana Rivas, alcaldesa del cantón Francisco de Orellana. "Para nosotros es sumamente complicado hacer escuchar nuestra voz, nos dicen que somos politiqueros, que queremos aprovecharnos, y todos los epítetos más bajos que puede recibir una persona". Tanto la alcaldesa como su antecesora, Guadalupe Llori (actual prefecta de la provincia de Orellana), llegaron a esos cargos como candidatas del Movimiento Pachacutik (expresión electoral del movimiento indígena) y antes de ello militaban en organismos de derechos humanos.

"Después de asistir a nuestras autoridades de turno, que nunca nos escucharon, debimos recurrir a la huelga. Fue recién que los gobiernos empezaron a ver a la Amazonía y a Coca".
"Hicimos una alianza con Sucumbíos y nos conformamos en la Biprovincial: dos provincias petroleras pidiéndole al gobierno que atienda nuestros [reclamos por] servicios básicos, lo mínimo que necesita un ser humano para vivir dignamente". "La Biprovincial es donde ya se levanta una plataforma, una propuesta ante los gobiernos", resume Suárez.

"A través de la huelga fuimos escuchados, nos firmaron convenios; y para que se cumplan las obras tuvimos que hacer otra huelga, y para que terminen las obras tuvimos que hacer otra huelga", enumera Rivas. Así llegan a noviembre de 2007, ya con Rafael Correa en la presidencia del Ecuador y su Revolución Ciudadana en marcha. En ese mes los vecinos de Dayuma deciden ir al paro para exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno central.
"Allí tomaron presos a ocho hermanos de la parroquia Dayuma y a Guadalupe Llori, que era nuestra prefecta. Los tomaron detenidos porque decían que eran terroristas, que éramos guerrilleros, que éramos revoltosos. Nosotros somos autoridad civil, nosotros no vamos a salir en defensa de los militares, nosotros vamos a salir en defensa de nuestro pueblo", destaca la alcaldesa.

"La situación de Dayuma fue una expresión o una continuidad de la Biprovincial", apunta Suárez. "Dayuma se organiza porque no se estaban desarrollando los compromisos del gobierno hacia esta parroquia, y hace la movilización".
"El paro fue reprimido brutalmente, vinieron [los militares] a despejar según la forma de actuar ellos seguramente", amplía Rosa Alvarado. "Ellos vinieron armados como si vinieran a combatir con alguien y arremetieron con bombas lacrimógenas, no importándoles si había niños y mujeres embarazadas, personas de la tercera edad".

Tras la represión llegaron algunas mejoras.
"A Dayuma, que ha sido el pueblito más descuidado, le han dado más atención. Tiene más atención de salud, tiene más atención en lo que es servicios básicos. Pero en el fondo habría que hacer una investigación para ver si realmente están bien atendidos", desconfía Rosa.

Las mil y una maneras de discriminar a las mujeres rurales en Latinoamérica


Introducción

En América Latina existen alrededor de 60 millones de mujeres rurales que diariamente trabajan más de 12 horas para asegurar la subsistencia de sus familias. Algunas estadísticas indican que ellas contribuyen a generar alrededor del 48 por ciento del ingreso familiar en la región.

A lo largo de una jornada, son numerosas y variadas las actividades que las mujeres de las economías campesinas llevan a cabo. Aunque socialmente tan sólo se reconoce su función en la esfera reproductiva, es decisivo el papel que desempeñan en la producción agropecuaria y en la seguridad alimentaria. Las mujeres se ocupan, entre otras cosas, del cuidado de la huerta y de los animales, siembran, recolectan la cosecha, procesan alimentos, comercializan la producción, cocinan, cuidan y educan a los hijos. Por otro lado, muchas entran a formar parte de la fuerza de trabajo asalariada temporal o permanente en la agricultura comercial o bien, participan como comerciantes o artesanas dentro del sector informal.

No obstante la importancia del rol que desempeñan las mujeres, los cambios concretos que han mejorado el acceso de la mujer a los recursos y servicios productivos en los países latinoamericanos y en el mundo en general son limitados. Es ampliamente reconocido que, aunque el problema de la tierra afecta prácticamente a toda la población campesina, las mujeres enfrentan dificultades adicionales. A pesar de que no existen estadísticas confiables desglosadas por sexo con relación al acceso y a la tenencia de la tierra, existen encuestas y estudios realizados en diferentes períodos los cuales estiman que en ningún país de la región, los hombres y las mujeres tienen un acceso igualitario a este recurso.

La mujer y la reforma agraria

En América Latina el acceso de los campesinos a la tierra está estrechamente vinculado con el tema de la reforma agraria. Aunque en la mayor parte de los países de la región se efectuó algún tipo de reforma de este tipo, tan sólo en Bolivia, Cuba, Chile, México, Nicaragua y el Perú se produjeron cambios profundos en la estructura de la propiedad de la tierra.

Por lo general, se ha tomado a la familia como referencia de la unidad productiva y al jefe del hogar como beneficiario directo de las medidas y estrategias.
En los países latinoamericanos, los estereotipos y prejuicios en materia de género le han asignado a la mujer el rol de la reproducción y por lo tanto su papel como productora ha sido sistemáticamente desconocido y subvalorado. Además, existe la creencia que es el hombre quien ejerce la función de cabeza de familia en el hogar. Tan sólo en los casos de Cuba y Nicaragua se presentó un modelo alternativo en el que la mujer rural fue reconocida como un objetivo prioritario de los programas de la reforma.

A raíz de esta división del trabajo socialmente reconocida y aceptada, las mujeres rurales se enfrentan cotidianamente a un sinnúmero de obstáculos para llevar a cabo las actividades productivas, con miras a asegurar la subsistencia de sus familias. De hecho, barreras de orden jurídico, sociocultural e institucional limitan el acceso de las agricultoras a la tierra, así como su control sobre ella.

Limitaciones jurídicas

En la mayoría de los casos, las leyes o los programas asociados directa o indirectamente con la redistribución o titulación de tierras en la región, han excluido explícita o implícitamente a la mujer, o al menos no se han preocupado por garantizar su acceso a los recursos. Si bien las constituciones de todos los países proclaman la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, las leyes agrarias y/o las legislaciones civiles de la mayoría de ellos contienen algunas disposiciones que las discriminan.

El derecho a la propiedad está vinculado con las normas relativas a la capacidad civil del individuo. En lo que concierne específicamente el acceso a la tierra, si la mujer rural carece de las capacidades civiles necesarias, ella no tendrá la posibilidad de efectuar acciones de compraventa ni tampoco de solicitar créditos. Por ejemplo, en países como Chile, Guatemala, algunos estados de México, Nicaragua y la República Dominicana el marido es el administrador y el representante de la sociedad conyugal (existen diferencias dependiendo del régimen matrimonial escogido).

Las normas con relación a las sucesiones y a la posibilidad de heredar tierras difieren en los distintos países. En la mayor parte de ellos, la ley agraria y/o el código civil no reconocen plenamente y sin condiciones el derecho de la mujer casada o que convive en unión de hecho a heredar la tierra, en caso de muerte o de abandono del marido o compañero.

Si bien las reformas jurídicas son indispensables para garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, no necesariamente son suficientes para facilitar el acceso de la mujer a la tierra. En efecto, existen otras barreras que pueden condicionar dicho acceso.


Ejemplos: Aspectos jurídicos que limitan el acceso de la mujer a la tierra en Cuba, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana.

Mujer y leyes agrarias

Las leyes agrarias de Nicaragua y Honduras reconocen el derecho de la mujer a ser beneficiaria directa de la reforma agraria. Sin embargo, persisten normas discriminatorias en los códigos civiles o de familia que condicionan su acceso a la tierra. Aún cuando ambos países permiten la titulación individual o mancomunada de los predios, en la práctica no son muchas las mujeres que disponen de títulos de propiedad. La titulación se hace a nombre de quien efectúa la demanda (o a nombre de la pareja, si ésta lo solicita explícitamente) y, por lo general, quien se presenta a los institutos pertinentes es el hombre, por motivos culturales y porque según el código civil éste es el representante del hogar. En Cuba las leyes agrarias y las normativas presentes en los códigos declaran la igualdad absoluta de derechos para ambos sexos. A pesar de que la población femenina cubana ha sido la que más se ha beneficiado de la reforma agraria de los países de toda la región, son muchos más los hombres que poseen tierras (se estima que sólo 26 por ciento de los beneficiarios de la reforma agraria son mujeres), que participan en las cooperativas y que ocupan cargos directivos en éstas. En el extremo opuesto se encuentra la República Dominicana, cuya Ley de Reforma Agraria determina que el hombre es el beneficiario y el Código Civil limita las capacidades de las mujeres al determinar que el hombre es el jefe del hogar y el administrador de todos los bienes.

Mujer, tierra y estado civil

En los países de la región, la mayor parte de las parejas en el sector rural convive en uniones de hecho. Aunque en Cuba, Honduras y Nicaragua la mujer que vive con su «compañero» puede ser beneficiaria de la reforma, su relación debe haber sido reconocida por una autoridad competente. Desafortunadamente, pocas son las parejas que formalizan sus relaciones. Por su parte, el Código Civil de la República Dominicana no reconoce la unión consensual.

Mujer, tierra y sucesiones

La forma más usual mediante la cual las campesinas de la región pueden acceder a la tierra, aparte de las adjudicaciones otorgadas en virtud de los programas de redistribución o titulación de tierras, es mediante las sucesiones por causa de muerte. Las legislaciones de Cuba y Honduras reglamentan la sucesión de las parcelas adjudicadas por la reforma agraria en caso de muerte del beneficiario y le aseguran al cónyuge el derecho a heredar el predio. En cambio, en Nicaragua y la República Dominicana las leyes agrarias carecen de normativas precisas y por lo tanto se aplican las disposiciones del Código Civil que no reconocen al cónyuge como heredero forzoso. En el caso de la República Dominicana las únicas alusiones al respecto que contiene la Ley de Reforma Agraria, se refieren a cuando el beneficiario muere antes de poseer el título de dominio o abandona el hogar. Aún si se prevé la posibilidad que la esposa acceda a la parcela y ejerza un control sobre ella, en ambas circunstancias, el Instituto Agrario Dominicano tiene discrecionalidad para decidir sobre la adjudicación. De hecho, si se presentasen conflictos entre los herederos o si se considerase que el hijo dispone de una mayor habilidad para cumplir con el contrato, la mujer podría verse privada de la tierra.

Limitaciones culturales

No obstante las diferencias y especificidades históricas, culturales, socioeconómicas, jurídicas e institucionales existentes entre los diferentes países de la región, en todos subsiste una cultura patriarcal que discrimina a las mujeres. Con frecuencia costumbres, tradiciones y actitudes profundamente arraigadas en las sociedades influencian las leyes y las instituciones, determinando que no se reconozca el rol de las mujeres como productoras e impidiendo, de esta forma que ellas accedan, en condiciones paritarias al hombre, a la tierra y a todos los servicios asociados con la producción como el crédito, la asistencia técnica y la capacitación.

Limitaciones institucionales

La carencia de herramientas con perspectiva de género miradas a fortalecer el papel de la mujer como productora, la falta de información catastral actualizada y desagregada por sexo, la relativa ausencia de funcionarios del sector agropecuario sensibles a una perspectiva de género y la no disponibilidad de estadísticas precisas que reflejen la verdadera contribución de las mujeres a la producción agropecuaria son algunas de las barreras institucionales que obstaculizan el acceso de la mujer a la tierra.

La existencia de estas limitaciones, entre otras, hace que los encargados de formular y poner en práctica las estrategias de desarrollo, no diseñen programas que aseguren una participación equitativa entre hombres y mujeres en el proceso de producción y en el acceso a los recursos productivos.

El Plan de Acción para la Mujer en el Desarrollo (1996-2001) y la Plataforma de Acción de Beijing reflejan claramente el interés de la FAO por esa problemática relacionada con el acceso de las mujeres a los recursos productivos, entre ellos la tierra. Por ejemplo,
en los últimos años el Servicio de la Mujer en el Desarrollo (SDWW) ha dado asistencia técnica para mejorar los procesos de titulación de tierras (Honduras y Nicaragua); ha realizado estudios sobre la situación jurídica de la mujer rural con relación a la tierra (Cuba, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana); ha organizado eventos para sensibilizar tanto al personal de las instituciones, como a los miembros de las comunidades para fortalecer el papel productivo de la mujer (Brasil y Panamá). La Oficina Jurídica, por su parte, asesora a los Estados Miembros para actualizar los conocimientos jurídicos sobre la condición de la mujer rural, así como para modificar leyes sobre su acceso a la tierra.


Conclusiones

No es suficiente que las constituciones y ciertas normas introduzcan principios de igualdad, sino que es imprescindible establecer un marco jurídico coherente y crear las bases y las condiciones para instaurar una cultura jurídica de género, tanto entre los destinatarios de las leyes como entre las instituciones.

Asimismo, es fundamental generar cambios en los patrones culturales y mecanismos institucionales que prevean y aseguren el acceso de la mujer rural a la tierra, con miras a lograr un desarrollo sostenible que incremente la productividad agrícola, asegure un uso más eficiente de los recursos y contribuya a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria.

Modificar las creencias y las costumbres es una tarea larga y complicada. En consecuencia, es necesario invertir recursos y esfuerzos para diseñar programas continuos, integrales y a largo plazo que permitan sensibilizar a los miembros de las comunidades, al personal de las ONGs y a los funcionarios institucionales, sobre el papel productivo de la mujer y la importancia de su participación en el desarrollo rural. Asimismo, es esencial dedicar recursos humanos y financieros para desarrollar, promover y utilizar las herramientas pertinentes que permitan poner en práctica los programas y las estrategias de desarrollo con perspectiva de género.

FM Arco Iris: Silenciada!!!

Norberto Guerrero, FM Arco Iris

Organizaciones sociales de la provincia argentina de Neuquén denunciaron que la FM Arco Iris de la localidad de Loncopué sufrió un atentado el último fin de semana. Un cortocircuito producido por el corte de un cable coaxil dañó algunos dispositivos y dejó fuera del aire a la emisora. Señalaron que detrás del hecho se encuentran intereses mineros que la radio comunal venía cuestionando.

El texto firmando por las asambleas de vecinos autoconvocados de Loncopué (AVAL), Campana Mahuida (AVACAM) y AFR Huecú-Có, y por la Comunidad Mapuche Mellao Morales advirtió que el ataque "se produjo en un predio bajo la guarda de la Municipalidad de Loncopué, la misma que apoya a la compañía minera china y a la política saqueadora", por lo que responsabilizaron al municipio de "omitir los resguardos mínimos para evitar que se repitieran previsibles acciones violentas".

A fines del mes de diciembre de 2009, al titular de FM Arco Iris, Norberto Guerrero, le advirtieron que retirara la antena de transmisión. Sin embargo, la misma cuenta con la correspondiente autorización. En esa oportunidad también cortaron cables y el suministro de energía eléctrica de la radio. "Todo tiene que ver con el tema de esta lucha de los vecinos autoconvocados en contra de este emprendimiento minero a cielo abierto de cobre en la zona de Campana Mahuida", afirmó Guerrero.

El propietario de la FM explicó: "El hecho de estar manejando un medio de comunicación a uno le abre las puertas para tener acceso a información, (...) entonces empezamos a preguntar, porque aquí se detuvo otro proyecto minero de oro, a unos 10 kilómetros de Loncopué". "No somos víctimas. Somos luchadores conscientes de que su objetivo es silenciar nuestra radio", agregaron en el comunicado las agrupaciones vecinales e indígenas.

Sobre el futuro de FM Arco Iris, Guerrero expresó: "No sabemos qué tiempo vamos a estar fuera del aire, (...)una propuesta de los vecinos (...) es poner urnas en los negocios y, además, este periódico de la radio en versión papel".

* Activistas, comunidades y movimientos sociales pueden comunicarse con sus corresponsales en Argentina Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik.

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