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jueves, 30 de junio de 2011

China tampoco es un buen ejemplo



Una economía vanagloriada, un ''desarrollo'' entregado al mundo como vertiginoso y ejemplar, un país ''emergente'' que alcanza a los más ''ricos''. Todo esto y mucho más es el disfraz que se le entrega a la sociedad mundial por parte de políticos y medios masivos de comunicación, acerca de China. Pero no se nos dice que este ''desarrollo'' económico no tiene nada de sustentable y que por el contrario existen infinidad de desastres, especialmente socioambientales, que ponen de manifiesto que el crecimiento chino es, como en la mayoría de los países en el mundo, sumamente destructivo


Un ejemplo entre tantos que podríamos tomar, son los cursos de agua de aquel país. La mitad de las áreas marinas de China están contaminadas a raíz del rápido crecimiento económico de las regiones costeras del país, dañando la vida oceánica y amenazando a los seres humanos.

Aproximadamente 48.000 kilómetros cuadrados del área oceánica china están particularmente afectados, lo que supone un aumento de 18.300 kilómetros cuadrados en relación al año pasado, según un informe de la Administración Estatal Oceánica de China (SOA). De las 18 zonas ecológicas controladas por esa entidad, 14 están seriamente contaminadas

Después de 30 años de explosivo crecimiento económico, el año pasado China superó a Japón como segunda mayor economía mundial. Aunque ese crecimiento ha mejorado las vidas de decenas de millones de personas, también ha convertido a China en uno de los países más contaminados del mundo, desde el cielo hasta el mar.

Centros costeros en auge vierten una cantidad cada vez mayor de desechos industriales y domésticos en el mar. Alrededor de 147.000 kilómetros cuadrados de las aguas costeras de China no cumplieron los estándares de "agua clara" en 2009, lo que implica un aumento de 7,3 por ciento en relación al año anterior, informó la SOA el año pasado. 

El nuevo informe (Boletín Ambiental Marino de China 2010) concluyó que 86 % de los estuarios, bahías, pantanos, arrecifes y lechos de algas marinas del país estaban por debajo de lo que la SOA considera "saludable"

China tiene hasta cinco millones de hectáreas de estuarios y pantanos costeros; ambos son ecosistemas importantes. Desde los años 90, la construcción de represas y los intentos por ganarle tierra al mar amenazan estas áreas. Los pantanos costeros desaparecen en una proporción de 20.000 hectáreas al año, y 337 de 457 desembocaduras en los estuarios chinos están excesivamente contaminadas, según un informe de la SOA de 2009. 

En 2008, China tenía 13.380 kilómetros cuadrados de tierra ganada al mar, que en los años 90 representaban 8.241 kilómetros cuadrados, señaló el mes pasado un artículo publicado en el Legal Daily

El rápido incremento de los niveles de petróleo, pesticidas y otros contaminantes peligrosos está dañando la vida marina del país. Esto incluye el suministro de mariscos, según informes de medios estatales divulgados el año pasado. 

Se descubrió que los mariscos de áreas cercanas a la costa contenían "excesivos productos químicos dañinos", como plomo, cadmio y el insecticida DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano). Los niveles de plomo detectados eran 50 % superiores a lo normal, mientras que los de cadmio y DDT eran 40 % superiores

El plomo puede dañar el sistema nervioso y causar desórdenes en la sangre y el cerebro si se lo consume en cantidades excesivas. La Organización Mundial de la Salud considera que el DDT es un pesticida "moderadamente peligroso". 

El año pasado, las aguas costeras de China sufrieron 68 "mareas rojas" o florecimientos de algas, causados por excesivos líquidos residuales en las aguas, lo que afectó a 14.700 kilómetros cuadrados, 3,4 veces la cantidad perjudicada en los años 90, según el informe "Algae bloom seriously threatens fishing resources" (El florecimiento de algas amenaza seriamente a los recursos pesqueros), dijo a IPS el investigador Yu Rencheng, del Instituto de Oceanología de la Academia China de Ciencias Sociales

Entre las áreas severamente contaminadas figura el Mar Amarillo, las bahías de Liaodong, Bohai y Laizhou, el estuario del Río Yangtze, la bahía de Hangzhou y el estuario del Río Perla. Los contaminantes que exceden los valores normales incluyen al nitrógeno inorgánico, al fosfato reactivo y al petróleo. Según el informe de la SOA, 50 % de las aguas chinas enfrentan problemas de contaminación

''Los niveles peligrosos de contaminación por lo general se encuentran cerca de áreas que experimentan un rápido desarrollo económico'', explicó Yu. Las principales causas de la contaminación costera incluyen la descarga de aguas servidas sin tratar, el vertido de aguas residuales de industrias y residencias, y los derrames resultantes de la navegación y los accidentes marítimos. 

Entre 1998 y 2008 hubo 733 accidentes de embarcaciones en jurisdicción oceánica de China, lo que causó enormes pérdidas económicas y ambientales, según cifras del gobierno. En los años 90, el gobierno intentó reducir la contaminación en los principales ríos del país, que desembocan en el océano. 

''Junto con las leyes nacionales, los gobiernos locales y provinciales fueron alentados a implementar sus propias normas y regulaciones, a fin de prevenir y controlar la contaminación de pequeños y medianos cuerpos de agua'', dijo Yu

En 2009, el Consejo de Estado de China emitió regulaciones para reducir la contaminación marina causada por la navegación. La medida incluyó 78 nuevas normas que entraron en vigor en 2010 y exigió a los departamentos de transporte que funcionan bajo la órbita del Consejo de Estado desarrollar planes de emergencia que hagan frente a esa vertiente de contaminación. 

Funcionarios del gobierno admitieron que todavía queda un largo trecho por recorrer en el abordaje de la contaminación marina. "Nuestra calidad ambiental solamente mejora en ciertas áreas, pero en general el ambiente se está deteriorando", dijo el viceministro de Protección Ambiental, Zhang Lijun, a los medios estatales. 

Lan Hongyan, experto en ambiente marino de la Universidad Normal de Hebei, dijo que gran parte del problema radica en la falta de coordinación del abordaje de la contaminación oceánica. Varios organismos gubernamentales, entre ellos la Administración Oceánica, la Administración de Seguridad Marina y otros departamentos nacionales y provinciales, dicen vigilar diferentes aspectos de la regulación en este sentido. "No tenemos un sistema poderoso y coordinado, lo que impacta en la aplicación de la ley", dijo Lan a IPS



¿Qué es lo que se ha aprobado en Grecia? Conozca "el paquetazo" impuesto por FMI y UE



En 2011 el Gobierno griego pretende recaudar unos 5.000 millones de Euros con la venta del monopolio de apuestas y loterías OPAP, el Postbank, la empresa de gestión de aguas de Salónica, la segunda ciudad del país y las empresas de gestión portuarias del Pireo y Salónica.

Entre 2012 y 2015 se pretenden recaudar otros 45.000 millones con la privatización completa o parcial de la empresa de gestión del agua de Atenas, refinerías, empresas eléctricas, el ATEbank, especializado en el sector agrícola, así como la gestión de puertos, aeropuertos, autopistas, derechos de explotación de minas, y propiedad inmobiliaria y terrenos estatales.

El paquetazo

1.- Paquete de consolidación fiscal

Las nuevas medidas pretenden recortar los gastos del Estado en unos 14.300 millones y recaudar otros 14.100 millones hasta 2015, con el objetivo de situar el déficit por debajo del 3% del PIB ese año.

2.- Subidas de impuestos

El Estado impondrá un "impuesto solidario" de entre el 1 y el 4% a las rentas más altas. Para ministros, parlamentarios y otros cargos públicos con ingresos importantes el impuesto es del 5%.

Suben en 300 euros anuales los impuestos a profesionales que trabajan por cuenta propia, como abogados, fontaneros o taxistas.

Reducen el mínimo exento de tasación de los 12.000 a los 8.000 euros, aunque quedan excluidos los trabajadores de menos de 30 años y los pensionistas, y se crea un impuesto inmobiliario especial para los propietarios de bienes de más de 200.000 euros.

Aumentan los impuestos sobre bienes de lujo como yates, piscinas y coches de alta cilindrada, se abre la posibilidad de legalizar inmuebles construidos fuera de la ley tras el pago de tasas penalizadoras y se eliminan un gran número de excepciones fiscales.

Subida del IVA para bares y restaurantes del 13 al 23% y se refuerza la ''lucha'' contra la evasión fiscal y el trabajo informal.

3.- Recortes en el gasto público

El Estado pretende suprimir 150.000 empleos públicos, el 25% del total. Para conseguirlo, no se prolongarán los contratos temporales de trabajadores en las instituciones públicas y sólo se sustituirá una de cada diez plazas de funcionarios que se retiren. Los salarios, que se recortaron una media del 12% el año pasado, volverán a ser reducidos, aunque aún no se sabe en qué cuantía.

Se suprimen diversas prestaciones sociales para ahorrar 4.000 millones hasta 2015. Se recortarán también 500 millones de euros este año en concepto de subvenciones a los organismos del Estado y otros 855 millones de euros hasta 2015 con la fusión de escuelas, hospitales, escuelas técnicas, cuarteles de la policía y otras instituciones.

Se reduce el gasto sanitario hasta 2015 en 2.100 millones de euros por medio de la racionalización de las prescripciones y recurriendo a fármacos más baratos.

Por primera vez en tres décadas se reduce el gasto militar, que hasta ahora es el más alto porcentualmente de los países europeos de la OTAN, con alrededor del 4% del PIB, aunque numerosos analistas consideran que es mayor por el uso de partidas ocultas. En total, se reducen 1.200 millones de euros hasta 2015 y se cancelan pedidos de armamento por valor de 830 millones euros.

Se reduce el gasto en inversiones públicas en 850 millones para este año.


La nefasta Estrategia de Materias Primas de los países ''ricos''



Ante el aumento de los precios de las materias primas y el acaparamiento de algunos minerales por ciertas ''economías emergentes'', Europa afila las uñas. Los países del Sur que albergan gran cantidad de bienes son, como siempre, los que salen perdiendo, en especial, sus poblaciones.

Los pasados días, los gigantes de la industria minera a nivel mundial, los temidos “majors”, estuvieron reunidos en un lujoso hotel de Barcelona, evento que pasó totalmente desapercibido, al igual que las misteriosas conclusiones a las que allí hayan llegado la Barrick Gold, la Rio Tinto, la Goldcorp, la BHP Billington, entre otras de las 150 gigantes mineras transnacionales que acaparan el total del valor de la producción mineral a nivel mundialNo obstante, las informaciones disponibles sobre el comercio de materias primas en los últimos tiempos permiten sacar algunas conclusiones.

El 70% de las manufacturas industriales o bienes de consumo de la Unión Europea (UE) dependen de sustancias minerales metálicas y no metálicas que Europa se ve obligada a importar. Para fabricar un teléfono móvil, una computadora o una pantalla de televisión, hacen falta entre 40 y 60 materias primas diferentes como el litio, el tantalio, el cobalto y el antimonio, cada vez más difíciles de obtener. La demanda y los precios están y seguirán en aumento y están definidos por ''países emergentes'' como China e India, que consumen entre el 40% y el 50% de las principales materias primas metálicas. El consumo de cobre en China ha aumentado del 12% al 40% en sólo una década. Además, el país asiático es el mayor consumidor de metales del mundo y restringe las exportaciones de sus materias primas como el aluminio, cobre, níquel o tierras raras (nombre común para dos series de elementos químicos: los actínidos y los lantánidos), antimonio y wolframio, siendo el principal país productor de estos tres últimos elementos.

A diferencia de lo que sucede en los otros ''países industrializados'' como Estados Unidos y Japón, que reconocieron más temprano su dependencia crítica de materias primas comenzando por definirlas y después acumularlas, la UE no había dado anteriormente una respuesta política integrada para asegurarse un acceso a las materias primas que considera imprescindibles para su ''desarrollo económico''. Pero ahora se reconoce como altamente dependiente, amenazada por las ''economías emergentes'', y vulnerable en este campo.

Para proteger sus intereses, la industria europea elabora desde 2008 una Estrategia de Materias Primas no Energéticas que deberá orientar sus políticas. Salpicada con términos como “minería sustentable” y “ayuda para el desarrollo”, se trata en la práctica de una agresiva estrategia comercial en términos de competencia con ''economías emergentes''. La exposición pública de esta estrategia ha sido más bien discreta y entre bambalinas, de espaldas al gran público, pero su calendario se ha ido cumpliendo a rajatabla.

“Dialoguemos, pero el oro es nuestro”

La “diplomacia de materias primas” forma parte de la Estrategia de Materias Primas. Consiste en exigir a los países con bienes minerales que eliminen las restricciones al comercio de materias primas, instrumentando acuerdos comerciales y políticas de cooperación al desarrollo que contengan cláusulas que garanticen el acceso a las materias primas. La UE ofrece ayuda para construir el know how en los ''países en desarrollo''. Esto facilita la extracción de las materias primas, así como las negociaciones con empresas mineras.

''Diplomacia'' por delante, ya está activa la Estrategia de Materias Primas en Rusia, África y Sudamérica. De este saqueo planificado se hacen cómplices todos los ''países industrializados'' en su afán de crecimiento ilimitado.

A pesar de que la crisis generalizada no hace más que profundizarse, la UE promueve políticas de ''crecimiento'' y consumo desmedidas que hacen aumentar la demanda de materias primas. Su estrategia para salir de la crisis apunta a la innovación tecnológica y de procesos y modelos empresariales y sociales. La Estrategia de Materias Primas se enmarca en la Estrategia Europa 2020, más general, bajo el lema “competir en el mundo”.

¿Ayuda al desarrollo?

Para implementar su Estrategia global a través de la ''cooperación al desarrollo'', la UE hace todo lo posible para implementar el nefasto libre comercio. Con el falso argumento de la ''cooperación al desarrollo'', apunta a formar a los técnicos de los países del Sur global ''emergentes'' y ''en desarrollo'' e intenta influenciar las finanzas públicas facilitando las negociaciones para las empresas mineras, es decir que, ayuda a “despejar el campo” para sus propias actividades y procura beneficios fiscales.

En el contexto de la ''ayuda al desarrollo'', Europa también se beneficia de la transferencia de tecnología, ocupando actualmente la posición de líder mundial en tecnología de extracción. O sea, cuantos más proyectos extractivos, más posibilidades de vender tecnología. La mal llamada ''ayuda al desarrollo'' está cada vez más condicionada por la obligación que adquieren los países que la reciben de adquirir la tecnología en los países que les dan la ''ayuda''. Y de paso, transferirá también el costo en términos de daño ambiental y social.

Europa encauza gran parte de su dinero de ''cooperación al desarrollo'' a través del European Investment Bank (Banco Europeo de Inversiones, EIB, por sus siglas en inglés), parte del cual se destina a proyectos mineros e infraestructura relacionada. Cada año, millones de euros públicos, es decir de los pueblos europeos que también se ven afectados, de la UE fluyen a proyectos mineros bajo el velo del ''desarrollo''.

Sin embargo, la contribución del sector minero al ''desarrollo'' ha sido reiteradamente cuestionada por políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Numerosos casos muestran que las normas y reglamentaciones actuales son insuficientes para garantizar un ''desarrollo'' positivo o lo que sería mejor, sustentable. Las amenazas y los impactos de la actividad minera en los países del Sur son tales que ya se han formado redes de comunidades impactadas por la actividad minera que han optado por la vía de la resistencia como modo de defender su vida y su integridad. Así, por ejemplo en Latinoamérica existe la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en Ecuador la Coordinadora Nacional por la Vida y la Soberanía o muy recientemente se ha formado en Colombia la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional o Reclame. Numerosos grupos trabajan también en la misma línea en otros países como Argentina, Brasil o Guatemala. Existe también un Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL). Y han surgido también Redes de afectados de una única empresa como es el caso de la compañía brasileña Vale.

Ni “verde” ni responsable

La ''alta tecnología'' es una de las áreas para la que Europa demanda tantas materias primas. La tecnología “verde” recurre a baterías: nanotecnología, componentes electrónicos y células fotovoltaicas para generar energía “verde”. ¿Pero qué tan verde puede ser una tecnología que se abastece de actividades de (exploración y) extracción minera crecientemente vinculadas a conflictos por la tierra, destrucción del medio ambiente e incluso graves violaciones de derechos humanos que han llegado en numerosas ocasiones hasta el asesinato, las amenazas o la intimidación de personas que se oponen a la instalación de la actividad minera en sus comunidades?

No se trata de “excepciones”, ya que se multiplican los casos, reportados y documentados exhaustivamente en países como Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y un largo etcétera. Diferentes gobiernos locales y nacionales, así como empresas mineras transnacionales se han visto involucrados en hechos turbios, que son muy difíciles de controlar y posteriormente pedir responsabilidades. La tendencia al abuso es creciente, pues la exploración minera es constante y nuevos proyectos mineros surgen cada día. Hay que sumar los impactos socioambientales y la resistencia frente a megaproyectos de infraestructura como carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, etc., asociados a la industria minera.

Todos estos conflictos se dan en medio de un despliegue publicitario en torno a la “responsabilidad corporativa”, a la minería “responsable”, “sustentable” y hasta “verde”. Las políticas referidas a las materias primas se elaboran entre políticos e industria, sin participación popular de ningún tipo. Al mismo tiempo que se dan estos hechos inaceptables, la Unión Europea justifica sus políticas pro-mineras en la necesidad de velar por la competitividad, el crecimiento y el empleo. El trasfondo es sin embargo el abastecimiento de la industria para el crecimiento, y el lucro de las empresas transnacionales, sin poner atención especial al modo de hacerlo.

La minería a gran escala es una actividad extractiva que no es ni será nunca sustentable. Esto se desprende de la sola definición del término minería y de la descripción de esta actividad industrial. A pesar de lo que asegure la UE en el marco de su acceso a materias primas, “crecimiento ilimitado” y “sustentable” son planes incompatibles.

Perú: ejemplo de exterminio de lenguas indígenas



Más del 90 % de estudiantes de cuarto grado de primaria con lengua materna quechua, aymara, awajún y shipibo no logran los aprendizajes que se esperan para el grado. El resultado no sorprende dadas las múltiples deficiencias en la implementación de la política pública de Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

El derecho a una educación intercultural bilingüe de calidad de más de un millón de niños, niñas y adolescentes originari@s ''peruanos'' se fundamenta en la Constitución Política del Perú (Art. 17), la Ley General de la Educación (N° 28044) y la Ley Para la Educación Intercultural Bilingüe (No 27818). El marco legal incluye el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (2007), la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2007), y la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales (2001), entre otras normas.

Además figuran las normas de rango internacional como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Las deficiencias

Pese al abundante marco legal, en la realidad la aplicación de la política de EIB (desde la propuesta estatal) se restringiría a las instituciones educativas primarias rurales, excluyendo a los niños y niñas que no acceden a una institución educativa.

Tampoco considera a los estudiantes con lengua materna originaria que asisten a centros de educación inicial escolarizada y no escolarizada (118,281), y secundaria (264,652); ni a los 113,258 estudiantes indígenas de primaria que residen en zonas urbanas.

La problemática se agrava por la deficiente contratación de profesores bilingües y especializados en Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Ello ocurre, por la falta de determinación de plazas docentes EIB y la no publicación y difusión del consolidado regional de plazas EIB.

Asimismo, es causado por el incumplimiento en la verificación del bilingüismo y de la especialización en EIB en los profesores aspirantes a esas plazas. Así lo evidenció una Supervisión realizada por la Defensoría del Pueblo, de 2008 al 2010.

La Supervisión comprobó que solo 12 Unidades de Gestión Educativa (UGEL), de 50, contaban con docentes especializados (con formación de pregrado) en EIB. Y que en el 2010, nueve UGEL contrataron 530 docentes sin formación en EIB ni capacitación en la misma, y a 87 docentes sin título pedagógico.

Escasa disponibilidad de docentes

La formación de docentes EIB es tema aparte, puesto que fue gravemente perjudicada desde que se estableció la nota 14 (por Decreto Supremo N° 006-2007-ED) como mínimo aprobatorio para el ingreso a la carrera docente de los Institutos Superiores Pedagógicos (ISP).

A causa de esa disposición, en el 2007 solo ingresaron cuatro estudiantes a instituciones que forman profesores en educación primaria intercultural bilingüe; en el 2008, ocho; y en el 2009, cuatro. Ninguno siguió la especialidad porque ésta no se aperturó por falta de alumnos.

La nota 14, cuya supuesta intención era elevar la calidad educativa, evidencia que la política del Ministerio de Educación (Minedu) no respeta las particulares condiciones de la educación intercultural bilingüeEse enfoque se percibe también en los exámenes para ingresar a los institutos pedagógicos, que no se elaboran tomando en cuenta las diferencias culturales, ni se valora en el puntaje los saberes interculturales de los profesores indígenas.

En el 2010, el Minedu dispuso que los postulantes a la especialidad de EIB que obtuvieran entre 11 a 13.99 puntos, siguieran un ciclo de nivelación académica de ocho meses. Luego de la cual, solo ingresaban quienes obtuvieron un promedio mínimo de 14. Como resultado, ese año ingresaron 79 postulantes.

Resulta irónico que no se derogue la norma, pero que se siga flexibilizándola. Para el 2011, el Minedu dispuso que al término de la nivelación académica, podrán aprobar con nota 11 los postulantes que cumplan ciertos requisitos, como que se presente al proceso de admisión de ISP en zonas rurales.

Para la implementación progresiva de esta modificatoria, se estableció un plan piloto en la región de Áncash. Si bien este año se registraron 127 ingresantes a las carreras EIB, la falta de formación de maestros en EIB acumulados de los años anteriores, aumenta la brecha entre oferta y demanda.

En diciembre del 2010, la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso aprobó por unanimidad dos proyectos de ley que buscan derogar esa nota mínima para el ingreso a la especialidad de educación intercultural bilingüe en los ISPSin embargo, los Proyectos de Ley números 4306/2010-CR y 3949/2009-CR, aún esperan a ser debatidos en la Comisión Permanente del Legislativo.

Más aristas del problema

La implementación de la EIB es un tema complejo que requiere ser abordada de forma integral. Otros de los numerosos problemas existentes son la capacitación homogenizada de los docentes EIB y la falta de estadísticas e información oficial sobre la gestión educativa EIB a nivel nacional.

Se sabe también que hay una carente asignación de recursos para los programas de EIB, que no es priorizada en las iniciativas para mejorar la calidad del gasto, como el Presupuesto por Resultados.

Además, existe una cobertura educativa mínima. Según los directores de las instituciones educativas entrevistados en el Censo Escolar 2008, del total de estudiantes de educación primaria pública que tienen una lengua materna originaria, solo el 38 % asistió a una institución educativa EIB ese año.

En tanto, las escuelas donde estudian en su mayoría niños, niñas y adolescentes indígenas presentan más problemas de infraestructura y menor acceso a servicios básico de electricidad, agua y desagüe conectados a una red pública.

Pese a los inconvenientes, es loable la labor de entidades como el Instituto Superior Pedagógico de Loreto (ISPPL) y el programa Formación de Maestros Bilingües de la Amazonia Peruana (FORMABIAP), impulsado por AIDESEP; que forman maestros bilingües en más de diez lenguas amazónicas.

El trabajo que efectúan en la región amazónica fue, probablemente, uno de los factores determinantes para el incremento del 0,1% al 0,2% de personas que aprendieron lenguas nativas durante la niñez. El dato fue registrado por la Encuesta Nacional de Hogares del 2007 del INEI.

La investigación citada muestra retrocesos en el aprendizaje del Quechua (3.3%) y del Aymará (0.5%) con relación al censo de 1993. Aunque los porcentajes no parecen ser significativos, representan cerca del 20% de la población quechua y aymara que han dejado de aprender su idioma. La UNESCO, organismo que poco le interesa esta situación, ya indicó con no poco cinismo y falta de propuestas, que ambos idiomas están en peligro de desaparecer a largo plazo.

La digna lucha del pueblo Sarayaku



“La humanidad no puede liberarse de la violencia
más que por medio de la no violencia”.
Gandhi

En 1996, el Estado ecuatoriano concesionó el Bloque 23, que afecta un 60% del territorio del Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina. Esta concesión fue realizada sin que haya precedido por parte del Estado ecuatoriano ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento al Pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad.

Desde 1996 Sarayaku ha venido expresando su rechazo al ingreso de la actividad petrolera en su territorio, fundamentado en los enormes impactos negativos que dicha actividad provoca en su territorio sagrado, en la calidad de vida de sus miembros, en su forma de vida y opciones de desarrollo, en su espiritualidad, en el ambiente amazónico, en la paz social y en la vida e integridad de sus miembros.

Sin embargo, durante el último trimestre de 2002 y el primer trimestre del 2003, la CGC ingresó reiteradamente al territorio de Sarayaku, sin autorización y contra la voluntad del legítimo propietario, para realizar investigaciones sísmicas altamente destructivas. Para intentar detener la campaña de sísmica Sarayaku debió declararse en emergencia por siete meses y movilizar a sus pobladores, hombres, mujeres, jóvenes e incluso niños a resguardar su territorio en los denominados ''Campos de Paz y Vida'' constituidos en medio de la selva, donde se estaba produciendo la invasión armada de CGC y el ejército. Esta decisión implicó graves riesgos para la vida, integridad, salud, alimentación, educación, cultura y espiritualidad de los miembros de Sarayaku.

Según información ''oficial'' del Ministerio de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio de Sarayaku y el territorio Achuar, en donde la empresa CGC colocó, sin conocimiento de los afectados, sin haberlos consultado antes y en contra de su voluntad, cargas de entre 3 y 5 kgs. de pentolita, un explosivo de alto poder destructivo. En total hay 1.433 Kgs. (casi tonelada y media) de explosivos sembrados a 12 metros de profundidad y una cantidad no determinada abandonada en la superficie de la selva sagrada de Sarayaku, en sus lugares de caza, en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento. La información que dio el Ministerio de Energía es que ese explosivo es muy peligroso y que las cargas pueden detonarse accidentalmente con mucha facilidad.

A inicios de 2003, Sarayaku, acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando su intervención urgente en salvaguardia de sus derechos violados durante la campaña de sísmica de la empresa CGC. En mayo de ese año, la Comisión dictó ''Medidas Cautelares'' a favor de la vida e integridad de los miembros de la comunidad y de su especial relación con su territorio. El Estado Ecuatoriano desoyó sistemáticamente dichas medidas.

Frente al incumplimiento de las ''Medidas Cautelares'', la Comisión Interamericana solicitó a la Corte Interamericana dictar ''Medidas Provisionales'' a favor de Sarayaku, las mismas que fueron otorgadas en julio de 2004. Dichas Medidas buscan proteger la vida e integridad de los miembros de Sarayaku, la investigación de los hechos de violencia cometidos en su contra y la garantía efectiva del derecho al libre tránsito violentado por el arbitrario bloqueo del Río Bobonaza efectuado por aliados de la petrolera, como medida de presión para que Sarayaku desista de las acciones legales emprendidas y entre a negociar.

Ante el nuevo incumplimiento del Estado ecuatoriano, la Corte, en junio de 2005 ratificó las medidas y las amplió incorporando la disposición de que se retiren urgentemente los explosivos dejados por la CGC en territorio de Sarayaku. Recién en la primera mitad del año 2007, en los primeros meses del gobierno del presidente Rafael Correa, el Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Energía y Minas, aceptó la disposición de la Corte Interamericana. Y desde entonces el Ministerio de Minas y Petróleo emprendió gestiones para el retiro de los explosivos; proyecto que empezaría a cristalizarse a fines del mismo año. A diciembre de 2009, con el concurso del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, se habían retirado apenas catorce kilogramos de explosivos y el proceso se suspendió hasta la presente fecha.

Todo este ''esfuerzo'' de parte del gobierno por cumplir las disposiciones de la Corte, destinadas a proteger los Derechos Humanos y los Derechos de la Naturaleza, se diluyó. El 8 de mayo de 2009, el ministro de Minas y Petróleo autorizó el reinicio de las operaciones petroleras en los Bloque 23 y 24 a las que el Pueblo de Sarayaku y las Nacionalidades Shuar y Achuar se oponen desde finales de los noventa. Esta autorización también va abiertamente en contra de otras decisiones de organismos internacionales de derechos humanos que amparan a los indígenas. Aún cuando el reinicio de actividades dispuesto no fue acatado por la empresa CGC, este hecho demuestra la frágil situación en la que se encuentra el caso Sarayaku.

Peor aún, en la renegociación del contrato del Bloque 10 entre el gobierno del presidente Rafael Correa y la empresa AGIP, celebrada en noviembre de 2010, las autoridades entregaron a dicha empresa petrolera una porción del Bloque 23 que afecta el territorio de varios pueblos indígenas amazónicos. El territorio de Sarayaku queda también afectado por el Bloque 10. Esta redefinición del Bloque se hizo, nuevamente, a espaldas de las nacionalidades y pueblos afectados, sin habérseles consultado ni pedido consentimiento pese a la gravedad de los efectos que esa decisión traerá a sus vidas y territorios.

El 26 de enero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su resolución respecto al caso.

El caso ha sido remitido a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los días 6 y 7 de julio de 2011, en San José de Costa Rica, se llevará a cabo la audiencia del caso Sarayaku ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta diligencia es crucial porque en ella el pueblo Kichwa de Sarayaku, de la Amazonía ecuatoriana, presentará ante los jueces de la Corte sus alegatos orales así como las pruebas testimoniales y periciales con las que demostrará las violaciones de derechos humanos que sufrió durante la actividad petrolera del Bloque 23. Desde Sarayaku viajará a Costa Rica una delegación de líderes, sabios tradicionales, hombres y mujeres de la comunidad.

La Corte Interamericana dictará una sentencia que es esperada con expectativa por pueblos indígenas y expertos del mundo entero y en especial del continente americano, pues sentará nuevos precedentes respecto al derecho a la consulta previa y al consentimiento de las comunidades afectadas por proyectos petroleros. Para el Ecuador esa sentencia, que deberá ser cumplida obligatoriamente por el Estado, traerá grandes repercusiones pues zanjará un debate que ha sido muy intenso en los últimos años, respecto al alcance del derecho a la consulta y de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que son afectados por proyectos de explotación de recursos naturales propiciados por el Estado.

Abierto desafío a sus propios hermanos



“Quieran o no, vamos a construir la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos” afirmó ayer el presidente Evo Morales, en abierto desafío a indígenas y asociaciones que se oponen a su construcción.
Evo acusó a “algunos supuestos defensores del medio ambiente mediante ONG (Organizaciones No Gubernamentales) que usan a nuestro hermanos para que no se construya este camino”, afirmó.
La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) anunció que los habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) preparan una masiva marcha para agosto, rechazando la construcción del tramo II de la carretera interdepartamental.
Según el mandatario, la construcción es aceptada por “los hermanos indígenas de bases de las comunidades del parque Isiboro Sécure” pero son las ONG y opositores políticos que usan el tema para “oponerse a la integración de los departamentos de Cochabamba y Beni” indicó.
“¿Cómo es posible que se opongan a la construcción de este camino? cuando ya tenemos los recursos económicos garantizados. Siempre habrá gente que se opone a la integración de nuestros pueblos”, agregó.

Críticas al tramo de la carretera

El diputado por los pueblos indígenas del departamento del Beni, Pedro Nuni, denunció que detrás del proyecto de la carretera interdepartamental Villa Tunari-San Ignacio de Moxos existe una intención oculta de expandir el departamento de Cochabamba.
Asimismo, sostuvo que la solución al conflicto que enfrenta los indígenas de Cochabamba y Beni pasa por aplicar el derecho constitucional de la consulta a quienes viven en el territorio indígena Parque Isiboro-Sécure (TIPNIS).
“La construcción de la carretera que une los departamentos de Beni y Cochabamba debe ser consensuada para que esta incursión vial no implique destrucción del hábitat natural de la flora y fauna que existe en el territorio del TIPNIS”, manifestó el asambleísta.
El diputado sostuvo que el tramo II del proyecto de la carretera y que atraviesa TIPNIS, ocasionará daño ecológico en el lugar y para la vida de los indígenas moxeños, yucarés, chimán y tapiete.
La Cumbre Nacional por el Agua y el Saneamiento Básico suscribió un documento en el que sostiene que existe documentación científica que demuestra que el Isiboro Sécure es un reservorio de agua y fuente de vida fundamental para el equilibrio climático en Bolivia y mantenimiento de ecosistemas sumamente frágiles.
“La afectación de un cauce de río, desaparición de una flor, arbusto o árbol, un insecto, ave, pez, anfibio, reptil o mamífero es tan grave en el TIPNIS que se puede provocar el exterminio de un ecosistema completo. La flora y fauna del TIPNIS están protegidas por la Constitución y se requiere un sistema prioritario de registro (Art. 381)” indicó una resolución de la cumbre.
Recordó asimismo que la consolidación del Isiboro Sécure como Territorio Indígena es fruto de una larga lucha sintetizada en la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990.
Lastimosamente, el Gobierno de Evo Morales ha asumido una postura contraria a su discurso de “gobernar obedeciendo al Pueblo”, “defensa de la Madre Tierra” y “defensa de los derechos de los pueblos Indígenas”, afirman.

Resistencia

Los pobladores de Tipnis, por su parte, advirtieron que se resistirán a la construcción de una carretera por un territorio declarado como Área Protegida y Tierra Comunitaria de Origen (TCO).

Por su parte, la Subcentral del TIPNIS dijo que existe la posibilidad de rediseñar el tramo II, pero sólo si el Gobierno suspende inmediatamente la construcción de los tramos I y III, iniciada el 3 de junio.
El presidente Evo Morales, el pasado 3 de junio dio inicio a las obras de la vía que unirá Cochabamba con Beni.

La construcción estará a cargo de la firma brasileña OAS y demandara una inversión de 442 millones de dólares, de los cuales 332 millones provienen de un crédito blando otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES).

Fruto de los esfuerzos de las mujeres



Mujeres líderes de varias comunidades de Chichicastenango (Guatemala), que integran la organización indígena Majawil Q’ij (Nuevo Amanecer), participaron en la elaboración de un plan estratégico para lograr equidad e inclusión en la elaboración y aplicación de políticas públicas con el fin de disminuir la marginación hacia las indígenas guatemaltecas.

María Morales Jorge, dirigente nacional de esa agrupación, dijo que una de las razones por las que las mujeres indígenas se ven marginadas es porque las políticas, planes y programas se perfilan desde los gobiernos hacia las comunidades, cuando debe ser lo contrario. ''Desde las comunidades deben surgir las propuestas y demandas para luego perfilar los proyectos y elaborar los planes que respondan realmente a las necesidades'', demandó.

Morales, quien ha participado en la elaboración de la Política de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades, afirmó que los programas son impuestos desde arriba y las principales propuestas no se toman en cuenta.

Por eso la mayoría de políticas son desconocidas para la población; la Política y el Plan no fueron un regalo sino el fruto de los esfuerzos de las mujeres, remarcó la activista. La elaboración del plan estratégico continuará en otras regiones del país, especialmente San Marcos y Chiquimula.

Majawil Q’ij trabaja en 14 comunidades de Chichicastenango donde capacita en el tema del empoderamiento local que consiste en que las mujeres sean emprendedoras y que ellas mismas perfilen sus proyectos para sus comunidades.

María Morales lamentó que en Guatemala aún está muy marcado el racismo y la discriminación y por ello en muchos lugares se niega el apoyo a las mujeres indígenas.

La líder de Majawil Q’ij destacó que su organización busca tener más participación en la formulación de las políticas educativa y de salud, y procurar la participación de hombres y mujeres de manera equitativa, pues “la dualidad y la complementariedad debe reflejarse en la vida de nuestras comunidades por ser uno de los valores de la cosmovisión maya”.

''Las bandas criminales, el narcotráfico y la guerrilla nos tienen asediados''



Cinco miembros de dos comunidades indígenas de la región del Bajo Cauca fueron asesinados por grupos al margen de la ley (paramilitares), denunció la Organización Indígena de Antioquía (OIA).

Según un vocero de la OIA, lo preocupante es que la Fuerza Pública sólo hizo presencia el pasado sábado y de forma temporal. “Estamos pensando en hacer un desplazamiento masivo hacia el casco urbano de Zaragoza”, anunció el vocero.

Las muertes ocurrieron en diferentes lugares desde el pasado jueves hasta el sábado. El hecho más reciente ocurrió en el Cabildo La 18 (en la zona rural del municipio de Zaragoza) a donde un grupo llevó al vicegobernador del Cabildo, Jorge Mejía y a sus dos menores hijos para asesinarlos. Las víctimas fueron Jorge Mejía Estrada de 48 años (vicegobernador de la 18) y sus dos hijos Juan Camilo Mejía Bedoya de 16 años y Steven Mejía Bedoya de 15.

Además la OIA denunció la muerte de otros dos indígenas, entre ellos el hijo del vicegobernador del Cabildo Unión Pato, cerca del municipio de Caucasia, el pasado viernes. Mientras que el otro, también de la comunidad de La 18, fue asesinado mientras salía de su trabajo.

“Estamos buscando una sentencia para salvaguardar a los pueblos indígenas que están en vía de extinción, pues las bandas criminales, el narcotráfico y la guerrilla nos tienen asediados”, afirmó Omar Tascón, directivo de la OIA.

Mientras tanto la policía sólo confirmó uno de los asesinatos e informó que estaba buscando a tres desaparecidos. “Sólo sabemos del hombre que mataron el pasado jueves, quien fue identificado como Luis Eduardo Hernández Yanes, de 19 años y ex integrante de la etnia indígena Zenú”, explicó el coronel José Acevedo, comandante de la Policía en Antioquia.

Los directivos de la organización indígena están instaurando en Medellín una reunión extraordinaria de la Mesa de Derechos Humanos donde se tomarán medidas para evitar que se sigan asesinando indígenas.

No l@s dejan ser!!!



La embajadora norteamericana en la ONU, Susan Rice, dijo que no hay mayor afrenta a la contribución y los fondos que Estados Unidos entrega a la ONU que el apoyo de los estados miembros a la existencia de un Estado Palestino, según revela en su edición dominical el diario británico The Telegraph.

El presidente palestino Mahmoud Abbas, planea presentar a la Asamblea General de la ONU, que comprende a las 192 naciones miembros, una propuesta de reconocimiento del Estado Palestino en la sesión anual del organismo que comienza en setiembre en Nueva York.

Estados Unidos e Israel, cómplices en todos los conflictos de Medio Oriente y por su puesto del intento de exterminar al pueblo palestino que se viene llevando a cabo desde hace ya muchos años, se han opuesto tenazmente a esta iniciativa. El presidente estadounidense Barack Obama, ha amenazado con vetar la propuesta en el Consejo de Seguridad, donde debe analizarse en el mes de Julio. 

Pese a la oposición norteamericana, funcionarios palestinos confían en la posiblidad de lograr el voto de dos tercios de los estados miembros de la ONU que les permita invocar el poco usual mecanismo llamado “Uniting for Peace”, por el que pudieran contrarrestar el veto de Estados Unidos, aunque no lograrían la membresía plena en Naciones Unidas.


Cae un mito: los inmigrantes aportan más de lo que consumen



Los inmigrantes en España, tan segregados por los habitantes locales de aquel país, contribuyen más al crecimiento económico y al mantenimiento de los servicios sociales que lo que gastan y reciben por parte del ''Estado del bienestar''. Esta es la conclusión de un estudio de la Fundación La Caixa, que rompe la percepción extendida de que el extranjero consume gran parte de la factura social.

Los datos de este informe subrayan que en España los inmigrantes suponen el 12% de la población pero que, en cambio sólo son los responsables de un 5,6% del uso de servicios, como sanidad y educación. Además, sólo el 1% de los pensionistas son extranjeros. Este colectivo va un 7% menos que los autóctonos al médico de familia y un 16% menos al especialista, aunque usan un 3,2% más las urgencias. El informe también apunta a que los inmigrantes ''irregulares'' aportan más de lo que gastan a través de los impuestos indirectos dinamizando el consumo.

Casi el doble de empobrecidos que entre autóctonos

El informe de la Fundación La Caixa señala que la tasa de ''pobreza'' entre los inmigrantes casi dobla la de los autóctonos. Se estima que el 30% de los extranjeros son ''pobres'', frente al 15% del colectivo nativo. En cambio, sólo el 6,8% de los recursos sociales va a parar a los inmigrantes.

''La justicia actúa como una serpiente: solo muerde a los pies descalzos''



Los defensores de derechos como el acceso al agua potable y la defensa de este recurso ante proyectos extractivos enfrentan en el Ecuador gravísimos cargos en demandas interpuestas no ya por las empresas transnacionales sino desde el propio Estado.
Así lo expresaron diferentes líderes de organizaciones campesinas e indígenas en el recientemente culminado Encuentro Continental en Defensa del Agua y la Pachamama realizado en el sur del país, concretamente en Cuenca, donde se ubican las principales concesiones de exploración y extracción minera.
“La justicia actúa como una serpiente: sólo muerde a los pies descalzos”, resumió el Dr. Carlos Pérez Guartambel, coordinador del Encuentro.
Tal fue el caso del presidente de la Federación Shuar, Pepe Acacho, quien junto a otros dirigentes de las culturas amazónicas han enfrentado procesamientos y presidio en base a un código penal empleado para la criminalización de la protesta.
Acacho relató las circunstancias por las cuales en febrero pasado fueron capturados líderes de los Shuar y trasladados sin orden judicial a través de un operativo que incluyó helicópteros hacia un presidio de la capital, a pesar de encontrarse en negociaciones con el gobierno respecto a las demandas contra las empresas petroleras en la región amazónica.
Hasta el momento, Acacho y sus compañeros se encuentran bajo cargos de ''sabotaje'' y ''terrorismo'' y cumpliendo con medidas sustitutivas a la prisión que significan la imposibilidad de abandonar el país y la obligación de presentarse semanalmente en dependencias policiales de su provincia, Morona Santiago.
“Hoy somos saboteadores y terroristas cuando ayer éramos héroes de la patria. Estamos convencidos de que no importan los juicios y las cárceles sino la libertad de la población y la defensa de nuestros bienes naturales”, dijo Acacho.

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