Los efectos socio - ecológicos de la tecnología

En un contexto en el que la economía mundial aún no ha terminado de recuperarse, especialmente en Europa, de la Gran Recesión iniciada en 2008, la producción y el consumo de aparatos electrónicos no cesa de incrementarse en el mundo. Toda una serie de artefactos inundan crecientemente hoy nuestros hogares y lugares de trabajo, que aparentemente están destinados a hacernos la vida más fácil: ordenadores portátiles, Smartphones, Tablets, PDAs, Notebooks, Ultrabooks y toda una serie de “innovaciones” electrónicas no siempre tan diferentes de su versión anterior, de nomenclatura en ocasiones impronunciable, y con dimensiones y pesos cada vez más reducidos. Paradójicamente, a pesar de la miniaturización y la mayor ligereza de los bienes de consumo electrónicos, su impacto ambiental sigue siendo enorme. Especialmente si tenemos en cuenta todas las fases del ciclo de vida de los mismos, desde la cuna hasta la tumba de estos productos que, paradójicamente, son presentados en ocasiones incluso como solución a los problemas de insostenibilidad ecológica.

La informática y la electrónica siguen exigiendo una extracción masiva de sustancias minerales, como por ejemplo el coltan, además de los costes energéticos que su fabricación y uso llevan aparejados, con las consecuentes emisiones de residuos, muchos de ellos tóxicos, en las distintas fases de la cadena productiva, basura electrónica incluida. La fabricación y el uso del equipamiento tecnológico que acompaña esta extensión del sector servicios es, por tanto, una muestra más de la ausencia de cualquier atisbo de desmaterialización económica y, por tanto, de que el capitalismo actual sigue expandiendo la producción de bienes y servicios a costa de los recursos naturales procedentes de la corteza terrestre y del deterioro de los ecosistemas globales. Igualmente, de la misma forma en que existen jerarquías sociales en el sistema económico capitalista, estos usos de recursos y sumideros globales están también distribuidos de forma desigual entre unas y otras poblaciones del mundo.

Las TIC y el mito de lo inmaterial

El desarrollo y la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a partir de los años setenta, y su cada vez mayor presencia en las sociedades industrializadas a partir de los años noventa, ha sido y sigue siendo uno de los elementos sobre los que descansa el espejismo de la posible expansión ilimitada del sistema económico en un entorno finito como es la biosfera. En términos más generales, el desarrollo tecnológico es para muchos economistas la principal, si no la única, forma de sortear las restricciones que la naturaleza pudiera imponer al crecimiento económico y de así poder acallar los malos augurios de quienes, aún con sólidas bases científicas, llevan alertando sobre las mismas desde hace ya más de cuatro décadas, notablemente a partir de la publicación del informe al Club de Roma sobre Los límites al crecimiento. Lamentablemente, a pesar de los múltiples avances tecnológicos desde la fecha, la prevalencia de una crisis ecológica con distintas dimensiones y escalas hace que este debate siga hoy más vigente que nunca.

Las TIC, que podemos definir como el conjunto de productos y servicios necesarios para digitalizar , almacenar , procesar, distribuir y comunicar información, constituyen sin duda alguna uno de esos avances tecnológicos que están marcando un antes y un después en múltiples ámbitos de las sociedades mundiales, aunque con un elevado grado de disparidad entre las mismas. Podría decirse que su auge inicial a finales del siglo pasado dio lugar a cierta euforia colectiva entre científicos sociales entre los cuales se hablaba, quizás con cierta precipitación, de ''tercera revolución industrial'', de ''sociedad de la información'' o ''sociedades post-industriales'' y en el ámbito económico, de una ''economía del conocimiento'', en ocasiones utilizada como sinónimo de ''nueva economía'', un término hoy quizás más en desuso tras el fiasco sufrido tras el desplome bursátil de las puntocom al finalizar el pasado siglo XX. La centralidad del conocimiento y de la información en esta “nueva era” ha llevado igualmente a calificar esta extensión tecnológicamente avanzada del sector servicios de ''economía de lo inmaterial'', cuestión que en el terreno de la discusión en torno a los problemas subyacentes a las relaciones entre economía y naturaleza, entronca directamente con una de las polémicas más recurrentes de los últimos años en el ámbito de las relaciones entre crecimiento y medio ambiente: la de la desmaterialización de la economía, o el desacople entre crecimiento económico y el uso de recursos naturales.

Las primeras investigaciones al respecto fueron las llevadas a cabo en 1978 por el economista Wilfred Malenbaum para la National Commission on Materials Policy (Comisión Nacional para las Políticas de Materiales) de EEUU, en las que se mostraba una tendencia a la reducción en la intensidad de uso de una veintena de materias primas por unidad de PIB entre 1950 y 1975, y se anticipaba una continuación futura de esta tendencia. Según Malenbaum, esto se producía principalmente como consecuencia del cambio tecnológico, que permitiría generar la misma cuantía de valor con menos inputs materiales, aparejado a la terciarización de las economías industrializadas. En el caso de los países en desarrollo, y partiendo de una visión lineal del desarrollo económico, esta intensidad se incrementaría durante la etapa previa de industrialización de sus economías agrícolas, representándose así la relación entre consumo de materiales y renta como una curva en forma de campana o de U invertida. 

Esta hipótesis de desmaterialización económica fue posteriormente reforzada por toda una serie de estudios que en algún caso trajo consigo el presagio de un supuesto final de la “era de los materiales”. Sin embargo, una buena parte de los mismos estaban centrados en el análisis de materiales específicos, y no en indicadores integrales de consumo material, por lo que se demostraría más adelante que en muchos casos el fenómeno analizado podría más bien denominarse transmaterialización, en el sentido de que la reducción en el uso de unos materiales se debía a la sustitución por otros de ''mayor calidad''. En otros casos, al ampliar la serie temporal de estudios anteriores las curvas que describían los patrones de consumo de materiales adoptaban una forma de “N” más que de “U invertida” produciéndose, contrariamente a lo pronosticado, una rematerialización de la economía. 

Una distinción esencial, no obstante, es la que cabe hacerse entre desacople o desmaterialización en términos absolutos, que es la que se produce cuando el uso de materiales disminuye en tiempos de crecimiento económico, frente a aquella en términos relativos, cuando el uso de materiales crece a un ritmo más lento que la economía. La creciente bibliografía basada en la metodología del análisis de flujos de materiales lleva ya unos años demostrando cómo los casos de desmaterialización absoluta, la ecológicamente significativa, son limitados o más bien inexistentes, por mucho que sí puedan darse situaciones de desacople en términos relativos.

Al descender a la escala sectorial y de productos específicos, observaremos también que las TIC y la mencionada sociedad de la información, con su innegable dimensión intangible, ocultan sin embargo unos cimientos ambientales que conviene sacar a la luz para evitar evaluaciones acríticas.

La pesada mochila ecológica de los ligeros aparatos electrónicos

A pesar del pinchazo de la burbuja a la que el auge de las TIC dio lugar bajo el rótulo de “nueva economía”, la economía de lo digital y lo cibernético parece estar viviendo hoy un nuevo auge, así como la producción y el consumo de los múltiples dispositivos electrónicos que para ello se utilizan. Mientras la dimensión socioeconómica ligada a este fenómeno es ampliamente tratada y discutida, el debate social en torno a sus consecuencias ambientales parece más reducido y su visualización no deja de estar limitada, como todos los ámbitos del binomio economía-naturaleza, por el velo monetario que la recubre. Sin embargo, las cifras ofrecidas por la observación detallada de los flujos de recursos y residuos a lo largo del ciclo de vida de los equipamientos electrónicos asociados a las TIC avalan la existencia de un impacto ambiental creciente y nos llevarán a distanciarnos de anhelos como aquel que en los inicios de la revolución informática apuntaba E. Parker al afirmar que ''en la era de la información, el crecimiento económico ilimitado será teóricamente posible, al conseguirse un crecimiento cero del consumo de energía y materiales''. 

El físico Eric Williams, uno de los académicos que más contribuye hoy a desvelar esta cara oculta de las TIC, mostraba, en un estudio elaborado junto con Ruediger Kuehr para las Naciones Unidas, cómo la fabricación de productos electrónicos es altamente intensiva en el uso de recursos naturales, superando con creces a otros bienes de consumo. Según sus cálculos, la fabricación de un ordenador de sobremesa requiere al menos 240 kg de combustibles fósiles, 22 kg de productos químicos y 1,5 toneladas de agua. El peso en combustibles fósiles utilizados supera las diez veces el peso del propio ordenador, mientras que por ejemplo, para un coche o una heladera, la relación entre ambos pesos (de los combustibles fósiles usados en su fabricación y del producto en sí) es prácticamente de uno a uno.

Otro ejemplo ligado al anterior, e igualmente significativo a la hora de evaluar las implicaciones ambientales de la revolución de las TIC, en tanto que piedra angular de la misma, es el de la microelectrónica, o más concretamente el microchip, que hoy ya podemos encontrar en todo tipo de aparatos electrónicos (ordenadores, teléfonos móviles, etc.). Este es a menudo asumido como un buen ejemplo de desmaterialización ya que su valor y utilidad son elevados, mientras que su peso es insignificante. Sin embargo, en una célebre publicación de Williams, junto con Robert Ayres y Miriam Heller, sus autores mostraron cómo un microchip de 2 gr requiere, para su fabricación, 72 gr de productos químicos, 20 litros de agua, y el equivalente a 1,2 kg de combustibles fósiles en consumo energético, además de generar 17 kg de aguas residuales y 7,8 kg de desechos sólidos, junto a toda una serie de emisiones tóxicas a la atmósfera. El análisis del ciclo de vida de un microchip sintetiza en definitiva un proceso a todas luces paradójico y a la vez revelador: mientras progreso tecnológico avanza hacia una miniaturización de los dispositivos electrónicos, el impacto ambiental de los mismos se acrecienta.

Efectos rebote ligados a las TIC

Ahora bien, sin tener en cuenta lo anterior, intuitivamente podría pensarse que la aplicación de las TIC en la actividad económica tiene un efecto directo en la reducción en el uso de recursos naturales mediante la generalización de servicios más eco-eficientes, la optimización de los procesos de producción o la reducción de la movilidad a través de lo virtual (ej.: videoconferencias). Sin embargo, es necesario no solo tener en cuenta los efectos directos, sino también los efectos indirectos que pudieran llevar a aumentos en el uso de materiales. Esto es lo que se conoce como efecto rebote: cuando las ganancias en eficiencia se saldan con un aumento del consumo de recursos (o la generación de residuos).

Son múltiples las dimensiones socioeconómicas que pueden dar lugar a efectos rebote como consecuencia del desarrollo de las TIC: bien sea porque puedan generarse reducciones en los precios (como consecuencia de una mayor eficiencia) y por el mayor consumo de otros bienes o servicios que se pueda derivar del ahorro subyacente, o por los efectos indirectos debidos a la existencia de sustitutos imperfectos (por ejemplo, transporte y telecomunicaciones) o, simplemente, por el propio crecimiento económico, estimulado por la implementación de las TIC (vía mayor productividad, mediante el cual podrían acabar deshaciéndose, a escala macro, los ahorros logrados en el uso de materiales a escala micro. 

Un primer efecto rebote suele venir de la mano del aumento de infraestructuras que la propia puesta en marcha de las TIC requiere: nuevas actividades de construcción, cableado, equipamientos de todo tipo (servidores, amplificadores, routers, etc.) y aumentos en la potencia energética para satisfacer las nuevas demandas crecientes ante la mayor potencia y difusión de los nuevos equipamientos. Realizar esta contabilidad es, a buen seguro, una tarea compleja, pero no puede dejarse de lado, especialmente cuando observamos el elevado grado de renovación que estas infraestructuras requieren como consecuencia de los constantes avances tecnológicos.

Un ámbito esencial donde el afloramiento de las nuevas tecnologías ha comprometido las promesas de mayor sostenibilidad ecológica de la nueva economía-sociedad de la información ha sido el de los cambios en las pautas de consumo. Uno de los primeros mitos desvelados en este sentido ha sido el de la “oficina sin papeles” que la expansión de las TIC parecía prometer, pues, a pesar de los procesos de digitalización, ha venido acompañada de incrementos en las ventas de impresoras más baratas y rápidas, de tal manera que solo en EEUU el consumo de papel llegó a multiplicarse por cinco entre 1960 y 1997. En cuanto a los medios de información digitales, a pesar del notable aumento en su número de lectores en detrimento de la prensa escrita, tampoco están muy claras aquí las ventajas ambientales de leer las noticias por internet frente a un periódico en papel. Según documenta Andrius Plepys, el impacto ambiental sería mayor en el medio digital una vez pasados 20 minutos y más amplificado aún si el lector o la lectora decidiese imprimir una o varias de esas noticias.

Además de los ordenadores, los lectores electrónicos (e-readers) donde cabe incluir tanto libros electrónicos (e-books) como las tabletas (tablets) son hoy los dispositivos que en una progresión exponencial parecen estar sustituyendo la lectura en papel por la digitalizada. En el paso del papel a lo digital aparentemente el impacto medioambiental se reduce sustancialmente, sobre todo teniendo en cuenta la huella de carbono derivada de la tala de árboles, cifrada en 30 millones de árboles en el caso de EEUU solo para el año 2006. Sin embargo, en un análisis reciente sobre la cuestión se concluía que harían falta 100 libros impresos para llegar a la huella de carbono de un popular modelo de tabletas (iPad). Y en términos de combustibles fósiles, tanto para la energía como los plásticos empleados en su fabricación, uso de agua y consumo de materiales (metales y otros recursos minerales usados para los distintos componentes electrónicos y la batería) el impacto de un e-reader, mayoritariamente situado en su fabricación, equivale aproximadamente al de 40 ó 50 libros. Por tanto, el impacto ambiental de esta sustitución digital dependerá mucho del comportamiento de los consumidores de uno y otro formato: será menor el de quien lea muchos libros en el formato digital frente a quien lo haga menos, de la misma forma en que un libro en papel tendrá un menor impacto por libro a mayor número de manos lectoras por las que pase. Cierto es que el formato electrónico requiere, por otra parte, energía para su uso, aunque en una proporción menor (en torno a una tercera parte) respecto a su fabricación, variando aquí sustancialmente de más a menos entre las tabletas y los dispositivos que utilizan tinta electrónica. La complejidad del asunto nos lleva en cualquier caso a descartar cualquier apriorismo. 

Otro terreno donde conviene hacer bien las cuentas es el del comercio electrónico, la gran esperanza despertada por la nueva economía. Como señala Óscar Carpintero: ''A pesar de que las ventajas en este caso afectan tanto a la esfera de la producción como a la del consumo, cabe recordar que este tipo de comercio, si bien simplifica los desplazamientos relacionados con la obtención de información y la compra efectiva, no evita el transporte de los productos a domicilio y el coste o impacto ambiental asociado''.  De hecho, el comercio electrónico tiende a favorecer un transporte en ocasiones peor aprovechado y, en términos generales, más rápido (ej.: avión y camiones frente a tren o barco), llegando a cuadruplicarse o quintuplicarse los costes energéticos. Aquí, el ahorro o no dependerá del nivel de carga de los vehículos y la distancia recorrida. En Suecia, por ejemplo, se ha estimado que las compras de los hogares vía comercio electrónico dan lugar a ahorros en términos ambientales cuando estas llegan a reemplazar al menos 3,5 viajes para compras tradicionales si se realizan más de 25 envíos de pedidos al tiempo, o si la distancia a recorrer para la entrega es menor de 50 km.

En sintonía con lo anterior, cabe situar al teletrabajo con las muchas posibilidades que para ello ofrecen las nuevas tecnologías. A primera vista se plantean ventajas evidentes (reduce los desplazamientos, el consumo de energía, la contaminación, etc.), pero aquí también conviene equilibrar la valoración teniendo en cuenta los efectos colaterales no deseados que pueden variar mucho según los lugares. En EEUU, por ejemplo, la adopción del teletrabajo como política ambiental podría generar un ahorro energético potencial de entre el 1% y el 3%, mientras que en Suiza se detectó en 1997 un aumento del 30% en el consumo de energía de aquellos hogares en los cuales uno de los miembros trabajaba en casa, dado que una parte importante de la energía ahorrada en el transporte y la oficina se consume en el propio hogar al desarrollarse ahí la actividad. 

Finalmente, el efecto rebote por antonomasia es aquel que surge del incremento del volumen total de consumo. Es decir, que incluso en el caso de que encontrar una nueva tecnología o aparato tecnológico que claramente supusiera un menor impacto ambiental frente a su versión anterior o analógica, esta mejora podría verse más que compensada por un uso mayor o, sobre todo, por el aumento de las ventas de nuevos bienes de consumo electrónicos, habida cuenta de los importantes requerimientos de energía y materiales para su fabricación. Esto es claramente lo que sucede hoy en día con la proliferación de nuevos aparatos electrónicos (smartphones, tablets, televisiones con pantalla plana, etc.), que con frecuencia no suponen realmente cambios sustanciales en cuanto a su utilidad o función principal.

El acortado ciclo de vida de muchas de estos aparatos electrónicos es el fruto de un consumismo, que no es otra cosa sino la otra cara del productivismo, que tiene su origen, en parte, en lo que se conoce como obsolescencia percibida, es decir, no real, en donde la reducción de precios y las estrategias de marketing de las empresas distribuidoras están jugando un importante papel. Otro tipo de obsolescencia realmente existente es la planificada por los fabricantes de aparatos electrónicos que en muchos casos introducen componentes destinados a estropearse mucho antes que el periodo total de vida útil del aparato en su conjunto, dificultando por otra parte su reemplazo. El caso de los teléfonos móviles es paradigmático para ambas cuestiones, con el resultado de que mientras estos podrían tener vidas útiles de aproximadamente 10 años, la frecuencia media de sustitución de los mismos se sitúa entre los 12 y 24 meses. Hilty y colegas destacan otra paradoja similar al apuntar que a pesar de que la eficiencia y el rendimiento de los ordenadores no ha dejado de incrementarse desde el inicio de su existencia, el incremento del número de ordenadores instalados ha aumentado en mayor medida, dando así lugar a un efecto rebote mediante el cual el uso conjunto de energía y materiales para informática no ha dejado de incrementarse. En los últimos años, la progresión sigue siendo la misma, solo que una parte de las compras de ordenadores va siendo poco a poco sustituida por las tabletas y los portátiles “ultraligeros”, cuyas ventas se incrementaron, respectivamente, un 66% y un 140% (Tabla 1).

Tabla 1. Ventas mundiales de algunos aparatos electrónicos (en millones de unidades)

Esta dinámica del usar y tirar da lugar al último coletazo de deterioro ecológico asociado a los aparatos electrónicos en su ciclo de vida. Naciones Unidas estima que anualmente se genera un flujo creciente de entre 20 y 50 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo, de los cuales una parte importante es exportada, de forma frecuentemente ilícita, desde Estados Unidos, la Unión Europea o Japón, principalmente hacia los continentes asiático y africano, donde se realiza un reciclaje mucho más rudimentario o simplemente se vierte y/o quema en algún lugar, con serias consecuencias medioambientales y para la salud de las poblaciones locales, generalmente las económicamente más pobres. Esto es lo que se denomina irónicamente la política NIMBY (siglas de la versión anglosajona de “No en mi patio trasero”). 

Comentarios finales

La evaluación económico-ecológica de la actual proliferación de aparatos electrónicos que ha venido acompañando a la implementación y al desarrollo de las TIC en las últimas dos décadas es, sin duda, compleja, dado que existen múltiples factores a tener en cuenta y que pueden actuar de forma contradictoria. En este sentido, por ejemplo, en lo que respecta a internet, la red puede ser una herramienta de formación y empoderamiento del consumidor destinada a promover estilos de vida más ecológicamente responsables, pero al mismo tiempo puede ser una poderosa herramienta de fomento del consumismo en tanto que canal de marketing.

Sin la posibilidad, ni tampoco la pretensión, de realizar aquí un estudio exhaustivo sobre la cuestión, sí hemos podido observar, no obstante, que todo apunta a que cuando se hacen bien las cuentas, la terciarización de los países ricos y el uso creciente de bienes de consumo electrónicos entre sus poblaciones [31] ya no parecen, al menos no con la seguridad de quienes en ocasiones realizan afirmaciones que casi parecen dogmas de fe, necesariamente generadores de una menor intensidad en el uso de recursos naturales, y menos de un menor uso de los mismos en términos absolutos, o de un menor impacto ambiental en términos más generales.

Buena parte de la ilusión ambiental que rodea este proceso de “tecnologización” de nuestras vidas surge en gran medida del hecho de que los bienes de consumo electrónicos son, con frecuencia, menos intensivos energéticamente en su utilización que en su fabricación, contrariamente a lo que sucede con otros bienes de consumo. Así pues, simplemente, el deterioro ecológico (y social), queda aquí trasladado a momentos distintos del ciclo de vida de los productos, así como a fases de la cadena de producción que con frecuencia han sido igualmente trasladados, solo que geográficamente (ej.: deslocalización) a otros lugares. En estas mismas regiones periféricas de la economía mundial se extraen también crecientemente las “exóticas” sustancias minerales requeridas para las tecnologías más novedosas. Casualmente, o no tanto, estos suelen ser los lugares donde los salarios, los derechos laborales, y los niveles de protección ambiental son menores. El menor poder político de quienes directamente sufren los impactos ambientales de este consumismo contribuye sin duda a perpetuar esta realidad, pero no evita que se acumulen los sucesivos conflictos socioecológicos a escala mundial. Hacerlos visibles y ligarlos a sus causas originarias será un primer paso para solventarlos de forma justa.

Finalmente, este texto no debe de entenderse como un manifiesto anti-tecnológico, sino más bien como una llamada informada a la autolimitación tanto individual como colectiva, teniendo siempre presente que, en última instancia, son las propias dinámicas del sistema económico las que deben de trascenderse de cara a verdaderos cambios de tendencia. 

''Las escuelas y universidades estatales latinoaméricanas financian la fuerza laboral de las corporaciones''

''Quienes hemos estudiado en escuelas públicas primarias, secundarias, universitarias y realizado posgrados en Latinoamérica por obra y gracias de decisiones políticas de integración y unión regional en materia educacional derivadas de gobiernos nacionales y populares de Nuestro continente, hemos asistido (y lo continuamos haciendo) desde hace varios lustros a un fenómeno sumamente perjudicial para la democracia y la estabilidad de los gobiernos populares electos en Latinoamérica. La creación de los cuadros empresariales y unverstitarios que nutren a la fuerza laboral de las corporaciones transnacionales en nuestros países. 

Como sabemos y producto de las políticas de desregulación neoliberales implantadas a partir del Consenso de Washington, la Educación fue considerada un servicio a ser privatizado para disminuir el 'gasto público' originado por los centros educativos estatales para comenzar a financiar en cambio buena parte de los establecimientos privados preescolares, primarios, secundarios que surgieron como hongos a partir de la mercantilización de los 'servicios educativos'. 

La estrategia neoliberal logró que la mayor parte de los estudiantes provenientes de las clases medias universidades públicas nacionales gratuitas (con o sin examen de ingreso) como la UBA, UCV, USP y tantas otras privadas para graduar ejércitos de conocimiento profesionales de empresas transnacionales bancarias, financieras, alimenticias, farmacéuticas, petroleras y químicas, automotrices, culturales, todas productoras de bienes y servicios, que según la estructura económica dependiente de nuestros países formateadas por las corporaciones, concentran cada vez más ganancias y transfieren poco conocimiento y tecnología a la sociedad en la que se afinca y a la que vende sus productos y servicios. 

El fenómeno es aún más llamativo, por grave, si se considera que los profesionales egresados de estas universidades acuden a ellas porque las privadas no ofrecen las carreras más "pesadas" o "duras" como las relacionadas con la física, matemática o química, y sus carreras asociadas, para la que se requiere niveles infraestructura edilicia y de servicios de la universidad y de grados de abstracción y disciplina de estudio diferentes a la media de los esfuerzos realizados por los estudiantes en la actual fase de las universidades neoliberalizadas. Las denominadas profesiones liberales (abogacía, economía, psicología, hasta incluso medicina) a las que históricamente accedían integrantes de clases medias acomodadas y altas, son hoy superpobladas 'gracias' a la saturación provocada por mercantilización y la falta de planificación de los países donde la oferta-demanda de carreras suponía lograr la cantidad, aunque no calidad, de los profesionales requeridos por los propietarios de las empresas que contratan la fuerza laboral profesional en nuestros países, porque la formación dada en las universidades no prepara a los egresados para la creación de pequeñas empresas de interés público y social, que son competencia de las corporaciones que dominan la ideología universitaria. 

Hoy en día, y bajo el manto de la autonomía universitaria lograda por la lucha de los estudiantes durante décadas, asistimos al control de las currículas y los cargos directivos hacia lo interno y a una nueva pseudoprivatización de los recursos destinados por el Estado donde se acortaron las carreras a 4 o 5 años para luego realizar posgrados creados por las empresas de acuerdo a sus intereses de Mercado y avalados por los Ministerios de Educación que permite el cobro de aranceles (en general onerosos) para generar más recursos a las arcas de la burocracia universitaria, permitiendo que los proyectos investigados por los cuerpos de profesores y graduados se financien con recursos de transnacionales para controlar así las líneas de investigación que las universidades públicas desarrollaran en materia de políticas educativas, control social, desarrollo de transgénicos, nanotecnología, ingeniería ambiental que convalide el discurso de 'tecnologías verdes', comunicación destinada a la cerco mediático y la desinformación ciudadana, solo como algunos ejemplos del modus operandi de las unidades académicas estatales controladas por elites corporativas y burocráticas. Empresas transnacionales poseen escuelas técnicas y hasta universidades en sus propios predios. 

Pero lo más perverso, por reaccionario, en el tránsito individualistas y egoísta por estas 'altas casas de estudio' es que el propio discurso dominante y fascista propagado desde los empresas y sus medios propagandísticos (y naturalizados por los estudiantes y sus familias) es que luego de formados con los recursos provenientes del presupuesto universitaria financiado por los impuestos pagados por quienes no han tenido acceso a la educación (sectores pobres) por las innumerables restricciones que impone el modelo capitalista en esta fase de la revolución científico-tecnológica, es el desprecio de un cierto número de 'estudiantes' en toda la Región por las políticas gubernamentales que propician y amplían sus propios derechos humanos a la educación libre y gratuita, para arremeter como mercenarios pagos por el poder económico contra gobiernos populares. 

A pesar de los tremendos esfuerzos realizados en países como Venezuela, Argentina, Brasil, Ecuador o Bolivia (Cuba ya superó esta contradicción hace muchos años. aunque presenta nuevos desafíos), el poder económico que controla y difunde el discurso hegemónico de las universidades en materia de conocimiento en todas las áreas continúa tras décadas de dominio, ganando la batalla desde los sectores privados, surtidos por las universidades nacionales de los profesionales divulgadores de la doctrina hegemónica permeada al propio Estado y a la sociedad, que impide el avance de las transformaciones necesarias para la construcción de otra sociedad de la que se supone los gobiernos progresistas quieren ser protagonistas'' *. 

* Artículo extraído de www.rebelion.org y escrito por Nando Reyes. Las partes del texto resaltadas en rojo son nuestras. 

Tratado devastador

Organizaciones sociales y sindicales españolas han entregado una carta Ventana nueva en las sedes de la Comisión Europea en Madrid y Barcelona destinada a Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación Permanente. Con ello se han sumado a la campaña internacional en oposición a las negociaciones comerciales que tienen lugar de forma antidemocrática y a espaldas de la sociedad.

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP) suscita una creciente oposición a ambos lados del Atlántico. Grupos de la sociedad civil de la Unión Europea y de EE UU han expresado su preocupación por una posible eliminación de salvaguardas y la degradación de normas y regulaciones en materia social, laboral, alimentaria, medioambiental, sanitaria y energética. Se vislumbra un recorte generalizado de los derechos fundamentales de la población y un poder de influencia sin precedentes para las grandes corporaciones.

El TTIP permitiría a los inversores reclamar indemnizaciones como resultado de regulaciones, leyes, normativas u otras decisiones gubernamentales que tengan el efecto de reducir sus oportunidades de lucro. Debido a que casi todas las medidas de la administración pueden ajustarse a esa definición, las políticas públicas han sido objeto de demandas inversor-Estado en todo el mundo.

Según las filtraciones de documentos "secretos", varias regulaciones previstas por el TTIP serían contrarias al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Además, los posibles impactos del Tratado sobre las reglas de seguridad alimentaria afectarían directamente a las y los consumidores causando problemas de salud.

En el ámbito de la salud y de la educación pública, el Tratado reforzaría la liberalización de los mercados de servicios, es decir, una mayor privatización de los servicios públicos, a pesar de que una amplia mayoría de la población se opone rotundamente a ello.

Finalmente, en un contexto de economía de casino financiero y responsable de la actual crisis en Europa y Estados Unidos, que impacta gravemente en los derechos básicos de la población mediante los recortes actuales, preocupa el objetivo del TTIP de liberalizar aun más los servicios financieros que podría impedir a la administración regular el sector financiero, restringir fusiones y adquisiciones, establecer impuestos y tasas a bancos y transacciones financieras, así como establecer un control de los capitales.

La eliminación de los controles sobre el capital y la liberalización de los servicios financieros ha exacerbado la crisis de la deuda europea. La consiguiente imposición de privatizaciones, el desmantelamiento de las leyes de protección laboral y los drásticos recortes sociales, mientras los bancos que alimentaron la crisis siguen protegidos por las leyes comerciales,  son un reflejo del impacto devastador de las normas comerciales.

Ante esta situación, las organizaciones del Estado español demandan la paralización inmediata de las negociaciones del TTIP. Asimismo han emprendido una amplia campaña de denuncia y movilización a nivel europeo y transatlántico, con el objetivo de evitar que la firma del Tratado tenga lugar. En la misma línea, han reivindicando la urgente necesidad de un Mandato de Comercio Alternativo y una revisión del actual régimen comercial que desemboque en alternativas basadas en la democracia, cooperación, participación real, derechos humanos, justicia social, igualdad de género y sostenibilidad.

No pudieron!!!

''LA ANP PRESENTE!

LA LUCHA Y SUS FRUTOS

Vale el título, no para pecar de arrogantes o triunfalistas, sino para ir recobrando convicciones y sobretodo para saber por donde transitar; para ir señalando caminos reales de lucha.

LOS HECHOS

El pasado viernes 21 de marzo estaba previsto el desalojo de un colono poseedor de 66 hectáreas, en una colonia de San Javier, departamento de Paysandú. Y para este pasado lunes otro desalojo en la misma zona, de un colono cuyo predio es de 140 hectáreas. En total 206 hectáreas. Buen ejemplo de la lamentable estrategia de este gobierno y sus administradores: expulsar de la tierra al pequeño productor, mientras cientos y cientos de miles de hectáreas pasan a manos de los megaproyectos (Como Botnia/UPM…etc).

Como esta problemática estuvo anunciada en la Asamblea de Treinta y Tres y la sensibilidad para responder fue unánime, inmediatamente se trazó un plan de movilización coordinado con la Mesa Nacional de Colonos. Se proyectó la actividad para el viernes mismo. Pero sorpresivamente y de forma absolutamente arbitraria, con un destacamento policial de la GEO y el juez de paz, se comenzó un irregular desalojo el propio jueves. Esto con el fin de desbaratar la movilización prevista y amedrentar a la gente.

No obstante en San Javier el viernes y a pesar de la presencia policial se entró al predio y se terminó efectuando un corte de ruta que interceptó hasta una caravana oficial integrada entre otros por el intendente de Río Negro (Omar Lafluf) al cual se le planteó la situación. Esta movida en la zona que reunió a más/menos unos 40 colonos contó con la presencia de algunos compañeros de Sauce en representación de la ANP y Ney Thedy con todo lo que él significa, además UTAA expreso públicamente su adhesión y apoyo a la misma.

Simultáneamente en Montevideo a las 13 horas frente a Colonización, se concentraron decenas de compañeros de los regionales Sur y Canelones denunciando lo que ocurría (volantes, audio, carteles).

LOS RESULTADOS

Colonización que había cortado el diálogo, por medio de un director se hizo presente en el propio lugar del conflicto (San Javier). Además el directorio se reunió este pasado lunes 24 de manera extraordinaria y resolvió aplazar hasta después de la cosecha el desalojo ya iniciado con miras a encontrarle una salida al caso. Y el 2do desalojo que estaba previsto, quedó suspendido.

CONCLUSIÓN

¡SE FRENARON LAS EXPULSIONES!

Como decimos al principio, son pequeñas victorias que nos muestran el camino y acrecientan nuestras fuerzas.

¡POR ESO VALE LA PENA CONOCER EL CASO!'' *

* Nota: la Mesa Nacional de Colonos comunicó a la ANP su agradecimiento por el apoyo en esta movilización.

Soberanía y autodeterminación para el pueblo palestino ya!!!

Los gobiernos de Ecuador y Cuba reiteraron este martes su compromiso y apoyo al derecho del pueblo palestino a su soberanía y autodeterminación, con la realización de una serie de jornadas de solidaridad y actividades culturales que arrancaron en Quito con la reunión del Comité de las Naciones Unidas para el Ejercicio de los Derechos Inalienables de ese pueblo árabe.

El vicecanciller ecuatoriano, Leonardo Arízaga, expresó que “la cuestión de Palestina ha sido un tema de permanente preocupación para el Ecuador, especialmente en momentos en que se ha intensificado la desconfianza e inestabilidad en el proceso de negociación de paz”. 

El vicecanciller señaló varios aspectos que preocupan a nivel internacional, referentes a la causa palestina, entre ellos la ocupación israelí de territorios árabes, sus asentamientos, el bloqueo de la Franja de Gaza, la construcción del muro y la violencia contra civiles por parte de militares de Tel Aviv. “El Ecuador se encuentra totalmente comprometido con el hermano pueblo palestino y así lo ha demostrado a través del apoyo al ingreso de Palestina como estado observador no miembro de las Naciones Unidas, el 27 de septiembre de 2012”, recordó Arízaga.

Otra muestra de solidaridad fue la apertura de la embajada palestina en la capital ecuatoriana, en enero de 2014. Igualmente, se están terminando los trámites para que próximamente Ecuador tenga una sede diplomática en Palestina. “Estamos convencidos de querer fortalecer nuestras relaciones bilaterales”, agregó.

Por su parte, el embajador de Cuba en Ecuador, Jorge Rodríguez, reiteró el apoyo de su país al derecho inalienable del pueblo palestino a su autodeterminación, advirtiendo que La Habana no renunciará en su reclamo a favor de que Palestina sea un Estado miembro pleno de la ONU.

Rodríguez recordó que, 35 años atrás, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, manifestó en la VI Cumbre de los No Alineados que “la justa causa de Palestina suscitó el apoyo de las naciones del mundo”. En esa ocasión, Fidel denunció que las resoluciones de la ONU fueron despectivamente ignoradas y rechazadas por los agresores y sus aliados. Por ello, el embajador lamentó los años transcurridos de la brutal ocupación de Palestina, promovida y apoyada por Estados Unidos.

Este miércoles culminaron en Quito las jornadas de solidaridad con Palestina, al tiempo que se realizaron muestras de cine y una exposición fotográfica. En la primera jornada de la cita también unieron su voz países como Venezuela, México, Chile, Brasil, Turquía, Indonesia y Malasia.

La Asamblea General de la ONU declaró a 2014 como el año de la solidaridad con el pueblo palestino, por lo que su causa es una de las principales preocupaciones para la comunidad internacional.

La situación del cambio climático se agravará

El 31 de marzo, en Japón, se publicará un importante informe de Naciones Unidas (ONU) sobre cambio climático. Se prevé que la documentación afirmará que el cambio climático está provocando más eventos extremos y que ello generará un daño significativo tanto en los países ricos como en los más pobres. El informe es redactado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por su sigla en inglés), órgano de ONU encargado de realizar cinco informes anuales sobre el conocimiento acerca de los aspectos científicos, técnicos y socioeconómicos de la crisis del clima.

El último dossier de los ''expertos'' dejó en claro que el cambio climático provocado por el ser humano, o más bien deberíamos decir: algunos seres humanos (especialmente empresarios y políticos occidentales), ya afecta los ecosistemas y la producción de alimentos, y que los efectos en la salud humana se están volviendo cada vez más evidentes. También sostenía que “ni siquiera los esfuerzos de mitigación más tenaces pueden evitar los efectos del cambio climático en las próximas décadas”, pero sin ellos “el cambio climático probablemente exceda, a largo plazo, la capacidad de adaptación de los sistemas naturales, gestionados y humanos", según un comunicado de prensa del jueves de Amigos de la Tierra Internacional (ATI).

Esa federación ecologista alerta que se prevé que el próximo informe sostenga que, a pesar de que se adopten medidas para la adaptación al cambio climático, la productividad de la agricultura mundial podría disminuir en todas las regiones, aunque las más afectadas, para no perder la costumbre, serán las de los países ''en desarrollo''.

“Los científicos advierten que el clima extremo se está cobrando muchas vidas, está afectando el sustento de las personas de todo el mundo y que esa tendencia se intensificará. Las personas más pobres económicamente y más marginadas no podrán adaptarse a esta realidad. El informe subraya la necesidad de que los líderes del mundo adopten medidas urgentes para reducir las emisiones de carbono”, afirmó la coordinadora del programa Justicia Climática y Energía de Amigos de la Tierra Internacional, Dipti Bhatnagar.

Es dable esperar además que aumente el número de refugiados climáticos. El activista Yuri Onodera, de Amigos de la Tierra Japón, afirmó: “Los países en desarrollo tendrán que soportar los peores efectos del cambio climático, a pesar de que históricamente son los que menos han contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera”.

Desde Uruguay a Palestina

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV) de Uruguay y la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino (CAPP-U) de ese país realizaron este jueves una actividad en Montevideo, la capital, en la que se integró la defensa del agua y la lucha contra la apropiación de ese bien natural y la tierra en los territorios palestinos ocupados por Israel.

La actividad se enmarca en los festejos por el Día Mundial del Agua, celebrado cada 22 de marzo. Allí expusieron integrantes de la CNDAV, de la CAPP-U y un representante de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, que participara de una misión de solidaridad de Amigos de la Tierra Internacional a Cisjordania, Palestina, en octubre de 2013 (http://radiomundoreal.fm/mision-solidaridad-ati-en?lang=es).

También en octubre, pero de este 2014, se cumplirán, como se dijo en nuestra publicación anterior, diez años del plebiscito impulsado por la CNDAV que garantizó en la Constitución uruguaya el derecho humano al agua, que los servicios de agua potable y saneamiento fuesen prestados por empresas públicas, y que obligó además a una gestión participativa y sustentable de las cuencas hidrográficas.

El 21 de marzo REDES – AT, el Programa Uruguay Sustentable y la CNDAV presentaron, también en Montevideo, el libro “Cuencas Hidrográficas del Uruguay: Situación y perspectivas ambientales y territoriales”.

La actividad de este jueves se enmarcó también en lo que son las jornadas internacionales de acción contra la empresa israelí del agua, Mekorot, convocadas por numerosísimas agrupaciones y movimientos sociales palestinos, reunidos en: PENGON – Amigos de la Tierra Palestina, el Comité Nacional Palestino para el Boicot, Desinversión y Sanciones (Movimiento BDS) y la Coalición de Defensa de la Tierra. Las actividades y acciones empezaron el Día Mundial del Agua, y terminan el 30 de este mes, Día de la Tierra en Palestina. 

Mekorot es acusada de ser responsable del robo del agua del pueblo palestino, la cual distribuye a los colonos israelíes de los asentamientos en pleno territorio de Palestina. Amigos de la Tierra Internacional, la mayor federación ecologista a nivel mundial, con organizaciones en cerca de 80 países, se unió a la campaña contra Mekorot. En un comunicado de prensa difundido el 20 de marzo la presidenta de esa federación, la croata Jagoda Munic, dijo que “el acceso al agua potable para los palestinos es un gran problema, en gran medida debido a las políticas discriminatorias de la empresa estatal de agua israelí Mekorot”.

Estas jornadas de acción contra Mekorot tienen el objetivo de ejercer mayor presión sobre gobiernos y empresas para que no negocien con esa compañía israelí y la “responsabilicen de sus políticas y prácticas de agua discriminatorias en Palestina”.

En diciembre de 2013, la mayor empresa abastecedora de agua potable en Holanda, Vitens, sentó un precedente al decidir que dejaba sin efecto un acuerdo de cooperación que tenía con Mekorot, debido a su compromiso con el derecho internacional. También a fines del año pasado se logró suspender un contrato millonario a favor de la compañía israelí para la instalación de una planta de potabilización del agua en la ciudad argentina de La Plata.

Presentación del libro “Cuencas Hidrográficas del Uruguay: Situación y perspectivas ambientales y territoriales”

En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Agua, que se festeja cada 22 de marzo, REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, el Programa Uruguay Sustentable y la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida presentaron el libro “Cuencas Hidrográficas del Uruguay: Situación y perspectivas ambientales y territoriales”.

Los autores del libro son el doctor en Ciencias Agronómicas Marcel Achkar, la doctora en Geografía Ana Domínguez y el máster en Ciencias Fernando Pesce, geógrafos, docentes e investigadores del Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio, Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, de la Universidad de la República.

La presentación del nuevo libro se hizo el viernes en la capital del país, Montevideo. En octubre se cumplirán diez años del plebiscito que garantizó en la Constitución uruguaya el derecho humano al agua, que los servicios de agua potable y saneamiento fuesen prestados por empresas públicas, y que obligó a una gestión participativa y sustentable de las cuencas hidrográficas.

La importancia del libro “es directamente proporcional a la creciente preocupación de amplios sectores de la sociedad sobre la realidad de nuestros territorios, su sustentabilidad y valor ambiental, cultural y social”, expresó REDES – AT en un comunicado difundido para convocar a la presentación del trabajo. “Es que la gestión ambientalmente sustentable y socialmente justa de las diversidades territoriales es la que aportará sentido al concepto de justicia ambiental y a estrategias de conservación de las potencialidades ambientales con las que cuenta el país, a los efectos de construir líneas alternativas de desarrollo sustentable”, agregaba el parte de prensa.

Al final de la actividad del viernes se proyectó el video “El derecho humano al agua / Uruguay 2014”, producido por REDES – AT y el Programa Uruguay Sustentable (se puede ver a continuación, menos de diez minutos de duración).

''Ríos para la vida, no para la muerte!!!''

El pasado 14 de marzo se conmemoró con movilizaciones, manifiestos y acciones en varios países del mundo el Día Mundial Contra Represas, en Defensa de los Ríos, el Agua y la Vida, por parte de organizaciones de resistencia a proyectos de represas y sus consecuencias socio-ambientales.

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos realizó en varios puntos de los Estados Unidos Mexicanos movilizaciones y acciones, los cuales son repasados en este informe especial producido por Mónica Montalvo, del colectivo Hijos de la Tierra. Asimismo, el MAPDER región Chiapas emitió una comunicación en que demanda al gobierno de Enrique Peña Nieto la inmediata suspensión de los proyectos de presas, la liberación de los presos políticos en resistencia y el esclarecimiento de asesinatos a líderes de comunidades en resistencia.

''DEMANDAMOS AL GOBIERNO DE MÉXICO LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE PROYECTOS DE PRESAS

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

14 marzo 2014

A los medios de comunicación nacionales e internacionales y al pueblo en general:

El 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida, es la fecha durante la cual, las comunidades y organizaciones afectadas por proyectos de represas en el mundo salen a la calle a demandar justicia a sus gobiernos, a las compañías constructoras y productoras de electricidad y a la sociedad en general. Según la Organización de las Naciones Unidas, unas 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo. En nuestro estado, las represas que fueron construidas en nombre del supuesto 'desarrollo', solo trajeron, como en muchas otras partes, mayor marginación a cientos de comunidades que vivían de la pesca y la agricultura.

Desde 1997, fecha en la que se organizó el Primer Encuentro Internacional de Damnificados por las Represas (Curitiba, Brasil), hemos podido comprobar una y otra vez de manera sistemática, que los engaños con los que los gobiernos y compañías se apropian de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, siguen siendo los mismos. Además, es posible afirmar que en las comunidades, las tarifas de la electricidad son elevadísimas, mientras que grandes compañías reciben subsidios para no pagar. Vemos que el costo social y ambiental lo asumen los pueblos al tiempo que unos cuantos se enriquecen acaparando los bienes comunes y provocando daños a la gente y al medio ambiente.

En México, el Movimiento ha sido señalado en numerosas ocasiones de provocar la desestabilización. En los estados de Guerrero y Oaxaca, la Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias federales y estatales han acusado a las organizaciones que acompañan a las comunidades de estar del lado de los países ricos. En Veracruz, nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz fue asesinado un día antes de comenzar el Encuentro Nacional del MAPDER, en agosto del año pasado. En Chiapas, el proyecto Chicoasén II está causando división en las comunidades debido a que el gobierno organizó una asamblea ejidal fraudulenta, acarreando campesinos de otras comunidades el 17 de noviembre de 2013 para que votaran a favor de la construcción.

En las regiones del Soconusco y Sierra, las autoridades federales han respondido con menosprecio a la declaración de territorios libres de minería y represas, llevada a cabo el 10 de diciembre del año pasado en la ciudad de Tapachula, Chiapas. La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Economía simplemente ignoraron la demanda de 47 comunidades de cancelar las represas y minas en esa región y se limitaron a contestar que están facultadas para autorizar dichos proyectos. Mientras, las familias afectadas por el llamado Tapón del Grijalva todavía esperan la indemnización por sus tierras y una vivienda digna que no se caiga a pedazos, como las casas que recibieron en la Ciudad Rural Nuevo San Juan de Grijalva. Y no sólo eso, cuando estas mismas familias salieron a las calles para manifestarse por la falta de justicia, hubieron detenidos que fueron trasladados a diferentes cárceles, como ha sido registrado en recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las amenazas, sobornos, órdenes de aprehensión y hasta asesinatos son el pan de cada día de quienes trabajan para proteger al medio ambiente y a sus familias.

Vemos pues que el desdén de las autoridades y compañías nos unen en la lucha por el respeto de nuestros derechos y del medio ambiente a escala local, regional e internacional. Es por esto que nos oponemos firmemente a las reformas estructurales aprobadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como al proyecto de reforma agraria que será analizado próximamente y todos los venideros. Estos cambios constitucionales traerán solamente más violaciones a los derechos humanos y más destrucción de nuestra madre tierra.

A pesar de este panorama, en todos los rincones del país se están haciendo sentir brotes de organización y resistencia de los pueblos originarios por rechazar estas amenazas a la vida. En el estado de Puebla, miles de campesinos se encuentran dando una lucha directa en contra de la construcción de los proyectos hidroeléctricos que pretenden imponer sobre el rio de Apulco, que nace en La Soledad, tierras Poblanas donde Carlos Slim pretende construir la mina de oro a cielo abierto más grande de América. También en Veracruz, las comunidades impulsan una dura lucha contra la instalación de represas en los ríos Pescados, La Antigua, Blanco, entre otros, realizando todo tipo de acciones pacíficas y de desobediencia civil, que a la fecha han logrado frenar en cierta forma la avalancha de represas de los 112 proyectos planeados, tan sólo para este estado.

La resistencia contra estos proyectos de muerte en todo el país ha sido peligrosa, debido a la impunidad con que operan empresas, gobierno y crimen organizado, pero también ha demostrado que es la única forma de bloquear proyectos millonarios y defender el medio ambiente y las comunidades.

Por todo lo anterior, en este día de lucha demandamos al gobierno de México la suspensión de todos los proyectos y concesiones hasta que las comunidades hayan sido consultadas, libre y previamente, así como el respeto a la voluntad de las mismas y a su derecho a la libre autodeterminación.

Atentamente

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Chiapas y Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático.

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

¡Libertad a los presos políticos del país!

¡Castigo a los asesinos de Noé Vázquez Ortiz, Bety Cariño, Bernardo Vázquez, Mariano Abarca y demás luchadores sociales!''

Articulación Nacional

La declaración del pliego unitario de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que se realizó del 15 al 17 de marzo en la capital colombiana, Bogotá, formula ocho puntos centrales en los que se expresan las grandes necesidades de la población y aspiraciones de las comunidades, organizaciones y movimientos sociales que participaron en el encuentro.

La dirigente Marylén Serna, líder del Movimiento Campesino de Cajibio (MCC) e integrante del equipo dinamizador del Congreso de los Pueblos en Colombia, explicó que “este pliego unitario es un salto en la historia del movimiento popular, un salto unitario”. El acuerdo se consiguió gracias a un diálogo fluido entre las agendas de los pueblos, distintas organizaciones, regiones y sectores del país.

El 17 de marzo, terminada la lectura de esa declaración en el Coliseo El Campín de Bogotá, se produjo la agitación de las banderas y aplausos de miles de colombianos y colombianas.

La campesina señaló que con el nuevo pliego unitario se aspira a dar una mirada integral del territorio, tanto en el campo como en la ciudad. La defensa del territorio se define como única vía para alcanzar condiciones de vida dignas y libre acceso a la tierra y a las semillas. El pliego expresa, por tanto, un reclamo de redistribución del territorio, “que las multinacionales, los grandes megaproyectos y el capital nacional e internacional salgan de nuestros territorios para que podamos permanecer en ellos”, aclaró la entrevistada.

A diferencia de lo que pasa con los pueblos indígenas y afrodescendientes colombianos, las formas territoriales propias y autónomas que se vienen construyendo por parte de las comunidades campesinas no gozan de reconocimiento formal. El pliego, explica Marylén, exige un reconocimiento jurídico de estas nuevas formas de territorio que constituyen aspectos como la economía propia, soberanía alimentaria, cultura y pensamiento propio. Esto determina una figura territorial viable para las comunidades campesinas, por lo se consideró urgente su visibilidad y concreción en términos jurídico y legales.

En tanto, para la dirigente la única forma de que se establezca la paz en Colombia (otro de los temas de gran realce en la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular) es la concomitancia de la propuesta de paz y la justicia social. En las mesas de negociación de fin del conflicto armado, la mirada debe estar dirigida hacia los territorios, evaluó.

El Congreso Nacional de Tierra, Territorios y Soberanías, que se realizara en 2012 en la colombiana ciudad de Cali, y el ejercicio de legislación popular del Congreso para la Paz, realizado el año pasado en Bogotá, fueron convocados por el Congreso de los Pueblos, un proceso importante de articulación nacional. La Cumbre de este mes se caracterizó por una mayor participación de otros grupos y sectores. Esta articulación actual de procesos y fuerzas otorga legitimidad para el llamamiento a nuevas acciones y a un paro nacional agrario proyectado para la primera semana de mayo.

Minutos antes de la movilización que recorrió una parte importante de la capital colombiana, Marylén se refirió a que esa manifestación era un llamado a la solidaridad, con el que se pretende poner la mirada sobre lo que está ocurriendo en Colombia y plantear una alternativa para el país. “El objetivo es que el movimiento social y popular sea un sujeto político en Colombia. Este es un llamado a la participación activa para la construcción de un nuevo país”, concluyó.

Huelga!!!

El profundo descontento con el gobierno actual en Paraguay es una de las principales causas por las que una amplia gama de organizaciones y movimientos sociales del campo y de la ciudad de todo el país, ha convocando la realización de una huelga general realizada en el día de ayer, miércoles 26 de marzo. “Desde diferentes sectores, de la más variada índole, desde partidos de izquierda hasta grupos vinculados a la iglesia católica se están sumando a esta iniciativa”, dijo a modo de convocatoria Marielle Palau, integrante de la organización BASE IS, dedicada a la investigación social y que trabaja en estrecho vínculo con los movimientos sociales.

En entrevista con un medio alternativo, Marielle afirma que la tarea del actual presidente Horacio Cartes está siendo la de intensificar aún más el neoliberalismo en el país. “Se está prácticamente poniendo a la venta el país, a la venta todas las tierras; aumentan el agronegocio y las inversiones vinculadas al IIRSA. Es decir, se está poniendo a disposición del capital internacional toda la riqueza paraguaya”, sentenció la integrante de BASE IS.

Detener el neoliberalismo

Más allá de que los distintos movimientos que han convocado a la huelga tengan reivindicaciones específicas, el punto común a todas según explica Marielle, es la exigencia de que se derogue la Ley de Alianza Público-Privada. “Esta ley fue aprobada en octubre del año pasado (…) y es una ley totalmente neoliberal, que posibilita la venta de toda la riqueza nacional con varios agravantes: constitucionalmente las privatizaciones tienen que ser aprobadas por el Congreso, pero esta ley habilita a que el Presidente de la República las apruebe de manera casi unipersonal”, afirma Marielle.

Otra fuerte preocupación con respecto a esta ley, es que la misma determina que los conflictos entre una empresa privada que tenga adjudicado un servicio público y el Estado, se diriman en instancias judiciales internacionales, como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial. Según la militante paraguaya: “Ya tenemos experiencia suficiente en América Latina; estos tipos de organismos internacionales siempre están saliendo a favor de las grandes empresas, y no a favor de los intereses de los pueblos”.

Con respecto a las acciones y movilizaciones en concreto, Marielle había comentado que existen tres direcciones de la huelga: “Por un lado las centrales sindicales que ya anunciaron que van a hacer cortes de ruta, principalmente en la entrada a Asunción (capital paraguaya). Otras organizaciones vinculadas a la Coordinadora Democrática también plantean cortes en diferentes puntos del país, y movilizaciones en Asunción. Y la Federación Nacional Campesina, articulada con otras organizaciones sociales y políticas, que ya inicia las movilizaciones hoy, también con cortes y asambleas en todo el país”.

Tierra y libertad

La reivindicación de la libertad de los presos y la recuperación de las tierras de Marina Cué, es otra de las principales demandas de los movimientos que convocan a la huelga. Los cinco campesinos presos por esta causa, en un proceso según sostiene Marielle plagado de “violaciones al debido proceso”, ya llevan 39 días de huelga de hambre en reclamo de su libertad y de tierras para el campesinado paraguayo.

La semana pasada se dieron a conocer imágenes que demuestran que hubo ejecuciones en el momento de la masacre. Las fotos de campesinos maniatados ya detenidos con vida y que posteriormente fueron asesinados, causaron mucha indignación en la población en general según cuenta la militante, y aunque no se sepa con certeza si las pruebas pueden incidir para revertir el juicio, para Marielle “es una prueba para la gente misma, para que se vea la injusticia que se está cometiendo”.

Hace no muchos años atrás...

La huelga del 26 de marzo se produce exactamente 20 años despúes de la realizada en 1994, considerada histórica porque tuvo un seguimiento extraordinario. Entonces se hacía notar una organización sindical masiva que cumplía sus primeras movilizaciones tras 35 años de dictadura militar. 

Ahora en 2014, con los campesinos como motor de la protesta, se han establecido centros de denuncia para registrar hechos que vulneren el derecho a huelga. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y la Coordinadora de Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) son algunas de las instituciones que difundieron comunicados donde informan a la ciudadanía en general que han habilitado números telefónicos donde denunciar atropellos al derecho de los trabajadores.

Una de las características a destacar del movimiento que ingresó por la mañana al damero céntrico de Asunción ha sido el de la ausencia de actos violentos. Entre los movilizados está el gremio de taxistas que exige créditos blandos para renovar vehículos y seguro de para trabajadores independientes. Las organizaciones populares, por su parte, piden servicios sociales básicos y viviendas dignas. También, como ya dijimos, la derogación de la ley de APP (Alianza Público Privada), el cese de fumigaciones con agro tóxicos y disminución del costo del pasaje.

Con fuerte presencia policial en la custodia de los puntos conflictivos, la ciudad amaneció con un alto porcentaje de comercios cerrados y un muñeco del presidente Horacio Cartes, vestido de traje y llevando en una de sus manos su propia cabeza, encabezando la marcha principal.

La primera reacción del Gobierno no se ha hecho esperar y se ha catalogado como positiva desde todos los frentes. El presidente Cartes designó al vicepresidente de la República, Juan Afara, como enlace entre el Gobierno y los grupos sindicalizados, convocando a una mesa de diálogo y dando así el primer cumplimiento a las exigencias de los trabajadores.

Cuando alguien cantó y alguien lo acompañó en Malvinas contra Monsanto

Victoria!!! Pero... ''la pelea no ha terminado''

Celebrando y alertas. Así se definen las organizaciones sociales chilenas vinculadas a la Soberanía Alimentaria y a su principio básico: las semillas criollas y nativas en poder de las comunidades, tras el retiro de la agenda legislativa de su país de la conocida como “Ley Monsanto” que criminalizaba prácticas ancestrales en favor de las empresas semilleras. Así lo dijo, en un análisis de la noticia conocida la pasada semana la integrante de la organización Grain, Camila Montecinos.

El clima es de una celebración cauta, según Camila, ya que se espera una reacción de las empresas del agronegocio que controlan la semilla ejerciendo más presión sobre la administración de Michele Bachelet y la coalición que sustenta su gobierno. 

La normativa integraba a la legislación chilena las directrices de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) sobre propiedad intelectual en materia de semillas. Para las organizaciones, la normativa prácticamente privatizaba las variedades vegetales e incluso penalizaba la tenencia, conservación, intercambio, uso propio y reproducción de semillas que no tuvieran origen en la industria, criminalizando así a la mayoría de campesinos y campesinas del país.

Montecinos indicó que la táctica para enfrentar al proyecto de ley pasó por demostrar que los argumentos de la industria semillera para impulsarlo eran básicamente “mitos sin fundamento real ni científico”. Tal es el caso del concepto de “descubrimiento” de una variedad vegetal. Montesinos indica que es imposible pensar en la idea de “descubrir una variedad” porque la misma es producto de un largo proceso de domesticación, adaptación y mejoramiento en el que participan cientos de individuos y colectivos.

La práctica ancestral de conservar semillas de un año o una estación para otra se convertía de acuerdo con esta norma en un delito que se procesaba de forma sumaria. Asimismo, el proyecto hoy retirado implicaba que una vez que una empresa registrara como de su propiedad una variedad, también se adueñaba a todas aquellas semillas que se le parecieran, aunque las mismas existieran previamente.

De acuerdo con las organizaciones chilenas que integran la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (mujeres rurales, asalariados y pueblos indígenas) la decisión representa “un gran triunfo” obtenido a través de las muchas acciones, reuniones, foros, entrevistas e iniciativas amplias y movilizadoras de diversas organizaciones “que permitieron una amplia comprensión de parte de la ciudadanía, mediante el desarrollo de argumentos sólidos y un trabajo de difusión masivo que incluyó a cientos de comunidades campesinas e indígenas, así como una discusión seria y metódica con una importante cantidad de Senadores”. Montecinos también señaló que el retiro del proyecto sólo fue posible debido a la fuerte presión social alcanzada en los últimos tres o cuatro años.

La lucha sigue

La CLOC también llama a mantenerse alertas ante el devenir futuro de este debate. “Tenemos que mantenernos alertas y mantener con aún más fuerza nuestra campaña de información, continuar con las conversaciones serias y fundamentadas con las organizaciones, los parlamentarios y la ciudadanía, desarrollando nuestros argumentos de manera aun más clara. Sabemos que la verdad y la justicia están de nuestra parte. Asimismo, esperamos y lucharemos porque la participación de las organizaciones campesinas y de pueblos indígenas en la discusión de una nueva ley sea efectiva y suficientemente amplia y representativa, y que cuente con las necesarias garantías de que seremos escuchados”, indican las organizaciones en su declaración.

La integrante de GRAIN señaló que, de aprobarse, esta normativa significaba el “preludio” del ingreso masivo de transgénicos a Chile, asegurando así el control del mercado de semillas y agrotóxicos, cosa que no ocurrió por ejemplo en Argentina, Uruguay o Paraguay, donde la tecnología transgénica fue introducida “a través del contrabando”.

“Aquí la pelea no ha terminado, seguramente el agronegocio va a establecer un lobbyferoz. Estamos preparándonos para eso. Chile a veces aparece como uno de los países más sumisos, pero si lo hicimos aquí es posible que se triunfe también en otros lugares donde esta ley está planteada” terminó diciendo Camila Montecinos.